uando el general Emiliano Zapata se puso al frente de los indígenas morelenses levantados en armas para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, primero, y para denunciar la traición hacia las clases populares del gobierno de Francisco I. Madero, después, fue siempre explícito el reclamo nodal e irrenunciable de los habitantes originarios –diluidos bajo la genérica denominación de campesinos para negar la especificidad y la legitimidad histórica a su lucha– la restitución de las tierras que les fueron arrebatadas sucesivamente por conquistadores, encomenderos, hacendados y (aunque entonces todavía no recibían ese nombre) agroindustrias.

omo sus antecesores panistas, Fox y Calderón, el efecto cosmético del peñismo priísta sobre la situación financiera del IMSS consistió, nuevamente, en una franca quimera. La ilusión fue fabricada por el ex director José Antonio González Anaya, quien siguió eludiendo ajustar el diagnóstico panista –deliberadamente equivocado– y elaboró otro nuevo principio fabulado, tan inverosímil como el anterior. Como los panistas, González Anaya ignoró lo principal: el impacto generado por la privatización pensionaria de Zedillo (1995). Luego inventó otro arreglo financiero que, inmediatamente, presumió como la fantástica salvación sexenal del IMSS-Peña.

omo se sabe, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, envió el pasado 24 de julio al Congreso del estado una iniciativa consistente en una serie de reformas a diversas disposiciones del Código Penal de la entidad, que fue aprobada por una amplia mayoría de los diputados locales. Tal iniciativa ha sido nombrada por algunos medios de comunicación y miembros de la sociedad civil como la ley garrote, precisamente porque gran parte de las reformas, al ser aplicadas, propiciarían un escenario donde se criminalizará el derecho de reunión, la libertad de expresión y el derecho a la protesta social. Ley que, por razones meramente económicas y políticas de grupos con intereses muy particulares, pone en riesgo principios constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

os crímenes de odio –masivos o individuales– se alimentan de unas narrativas que se amplían y expanden a través de las redes sociales o en vínculos directos de extremistas racistas. Pero en el momento actual expresan tres ideas centrales: el supremacismo blanco, una profunda xenofobia y una predisposición a destruir reglas, instituciones y formas de convivencia que son consideradas como propiciadoras del estado de la sociedad que intentan modificar –diría para usar una palabra más precisa, subvertir.

a discusión sobre las armas –más en Estados Unidos que en México– no es nueva, tiene muchos años y quizás siglos. Las armas son herramientas que se fabrican desde tiempo inmemorial para un objetivo específico: herir, lastimar, privar de la vida a otro ser humano o a otro ser vivo; se trata de matar, de arrebatar el don o gracia sin el cual cualquier otro es inútil. Si buscamos en los diccionarios podremos encontrar una clasificación que las divide en ofensivas y defensivas, en nuestra época estas últimas serían los grandes escudos de los policías antimotines, los chalecos antibalas, los cascos y si forzamos un poco, los blindajes de los automóviles.