os pueblos indígenas de México tienen derecho de libre determinación no sólo por ser indígenas, sino por ser pueblos; si bien éstos han sido desgajados en comunidades a lo largo de la colonización y del establecimiento del Estado mexicano, subsisten en ellos sus identidades culturales e incluso sus formas de organización en mayor o menor medida.

Interesa entonces que sea este sujeto el titular del derecho de libre determinación, entregarlo a la comunidad no sería otra cosa que continuar con la política colonialista de dividir a los pueblos para garantizar su control, lamentable lo establecido en constituciones estatales, donde sólo se reconoce el derecho a la libre determinación a comunidades indígenas o pueblos originarios en un reducido sentido de la palabra.

Para que puedan ejercer su libre determinación y en consecuencia proveer a su desarrollo económico, social y cultural, así como establecer su condición política, es necesario que se reconozcan sus territorios en el más amplio sentido de la palabra y no únicamente en los términos culturales como lo establece el Convenio 169, que también es reductivo para el concepto de pueblo indígena.

La Constitución de nuestro país establece que: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Desde la constitución de México se invisibilizó la existencia de las naciones dominadas por la colonización, es urgente que en la reforma del pacto social se recupere la dignidad de los pueblos indígenas.

La principal demanda de éstos en estos tiempos neoliberales es el reconocimiento y respeto de la integridad de sus tierras y territorios. No hay que olvidar que la reforma neoliberal del 92 lo primero que hizo fue arrebatarles el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables a las tierras comunales y ejidales que están en manos de comunidades indígenas y en su lugar crearon el principal mecanismo de despojo, el Procede, el Fanar, o la Regulación de Actos Jurídicos Agrarios, programa del que piden su desaparición.

La violencia del Estado no sólo se expresa mediante el Ejército o la Guardia Nacional, sino también a través de la emisión de leyes y disposiciones administrativas, por medio de estos ordenamientos se puede observar quién manda en este país. Los pueblos indígenas exigen la revocación de concesiones en sus tierras, no son escuchados, en su lugar se han implementado consultas como trámite, pero se ha negado la posibilidad de que expresen su consentimiento.

Sólo con el consentimiento libre previo e informado, bajo los más altos estándares comunitarios, no sólo internacionales como se expresa en el discurso, se podría acceder a los recursos estratégicos, que en el futuro no serán sólo los del subsuelo, sino los de la biodiversidad. La distribución justa y equitativa de beneficios no debe ser una zanahoria más, sino un acuerdo pactado con el conocimiento de los fines y las consecuencias, si es que se logra.

Incluso para las disposiciones legislativas como la que se está cocinando se debe ir más allá del simple hecho de escuchar la voz de los pueblos indígenas, se menciona en el discurso que los Acuerdos de San Andrés son fundamento de la consulta, quiere decir que se puede alcanzar un acuerdo para adoptar las medidas legislativas, aunque no se debe olvidar que la traición ronda los acuerdos, como ocurrió con la reforma Bartlett-Ceballos-Ortega de 2001.

No se puede alcanzar la soberanía alimentaria sin reconocer que el fundamento de las culturas de los pueblos indígenas de México es el maíz. No se trata de que reciban un trato de pobres y se garantice su alimento sin reparar en la calidad del mismo como con los programas de ayuda alimentaria, sino de que tengan la posibilidad de producir sus propios alimentos con identidad cultural.

Desde la aparición de Conasupo se ha ido minando la posibilidad de que en las comunidades sigan sembrando maíces nativos, baluarte de la persistencia indígena; por eso la demanda de que se apoye la siembra de maíces nativos con técnicas tradicionales y agroecológicas sin medidas de control como el establecimiento de bancos de germoplasma o la medición de la parcela, o sea con recursos administrados bajo su libre determinación.

El reclamo de derogar la Ley Monsanto y lo que se le parezca, la ley de acceso a recursos genéticos antes de que aparezca y las leyes neoliberales de aguas, minera, energética y sobre hidrocarburos que afecta a los pueblos indígenas, es sentar bases reales para acabar con el modelo neoliberal. Que el discurso se convierta en un hecho, lo que menos quieren es que al final del sexenio se les vuelva a pedir disculpas, perdón ¿alguien se las ha ofrecido?

En resumen, lo mínimo aceptable es que la base de la reforma a la constitución en materia indígena sea lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, allí está claro, como también se estableció hace años en los Acuerdos de San Andrés que el ejercicio de la libre determinación es en el marco del Estado mexicano, que nadie reclame que quieren balcanizar el país como pretexto para minimizar sus derechos.

*Zapoteco y ex presidente municipal de San Pablo Guelatao, Oaxaca.