La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama defendió la inminente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), pues declaró que es necesario que ese poder del Estado sea sometido a controles democráticos, administrativos, jurisdiccionales y financieros; además, señaló que tras ser aprobada la enmienda constitucional, la siguiente fase debe ser una reforma a las agencias del Ministerio Público locales. Ayer, en el foro Diálogos para la Reforma al Poder Judicial, organizado por Morena en el Teatro de la República, en Querétaro, se mencionó que parte del movimiento busca un Poder Judicial sometido al control democrático, que implica que puedan ser electos los jueces, las juezas, las magistradas, los ministros y ministras para que no sean tratados como funcionarios judiciales aislados de la sociedad, sino como servidores públicos. También exhortó a someter al PJF al control administrativo que garantice una rendición de cuentas, transparencia y sanciones de ese tipo, por lo menos, por el rezago de las resoluciones.

El líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que el dictamen que preparan sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación llevará el mayor consenso posible de las fuerzas legislativas, ya que se perfilan cambios que han surgido en los foros de parlamento abierto celebrados por la Cámara de Diputados.

En los últimos ocho años, casi un tercio de la superficie de Centroamérica, conocida como el Corredor Seco, ha sufrido periodos de intensas sequías, así como lluvias torrenciales e inundaciones que han propiciado el desplazamiento forzado de sus habitantes, de lo que no hay un registro oficial debido a que no ha sido prioridad para sus gobiernos, pues esta expulsión a causa de los fenómenos naturales no ha sido identificada como tal.

El IMSS exhortó a la ciudadanía a denunciar ante la Secretaría de la Función Pública faltas administrativas o actos de corrupción tanto de servidores públicos como de personas físicas o morales que, a cambio de dinero, prometen incrementar el número de semanas de cotización o el salario. En un comunicado informó que, en breve, el instituto reforzará una campaña sobre el deber de todo servidor de desempeñar su cargo en apego a los principios de legalidad, honradez e integridad. Indicó que para que la ciudadanía realice esas denuncias vía Internet está disponible el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec), el cual fue creado para registrar, captar, administrar, atender e investigar cualquier denuncia en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.