omo relaté el lunes pasado, Granjas Carroll, la más grande productora de cerdos del país, lleva 30 años afectando los recursos naturales (en especial el agua) y la salud, de varias poblaciones de Perote, región que comparten los estados de Veracruz y Puebla. Se instaló allí en el gobierno de Carlos Salinas, durante el cual tuvo protección y apoyo. Igual en los de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y el actual. Y ello, pese a las innumerables protestas de los habitantes de la región, como denuncié aquí en 2006.

Tres años después, volví a tocar el problema en este espacio para recalcar la complicidad de las autoridades gubernamentales con ese negocio. Y es que en 2006, dicha empresa y las autoridades de Veracruz, prometieron tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua y los suelos y proteger la salud pública. La filial de la estadunidense Smithfield, la mayor en la cría de cerdos del continente americano, no cumplió. Y, además, las autoridades del municipio La Gloria, en la región de Perote, persiguieron a quienes exigían cumplir lo acordado. Andrés Timoteo González, reportero de La Jornada, brindó amplia información al respecto. En vez de obligar a la empresa a cumplir con la ley, le brindaron todo su apoyo para que siguiera expandiendo su negocio en la región.

La lucha de los pobladores busca lograr la conservación y uso racional del agua, fundamental para realizar sus actividades agropecuarias. Es un recurso que necesita en gran cantidad la empresa pórcicola debido a su expansión y producir anualmente más de un millón de cerdos. El agua la contamina con los excrementos de los cerdos, el agua negra fruto del aseo de las zahúrdas y los residuos de fórmulas químicas y biológicas utiizadas para que los cerdos crezcan rápido y saludables.

La persecución de las autoridades contra los campesinos fue mayor ese 2009 por el virus de la influenza porcina. James Wilson, de la consultora Veratect Corporation, con sede en Estados Unidos, identificó el virus en Perote. Ello despertó la inquietud de los centros que en Estados Unidos se dedican a la prevención y control de las enfermedades. Deseaban confirmar la situación en Granjas Carroll. Las instancias oficiales de México y del vecino país guardaron silencio sobre dicha presencia.

Luego de 30 años de impunidad, los habitantes del pueblo de Totalco, uno de los afectados por la explotación cada vez mayor que hace Granjas Carroll, establecieron un plantón en la carretera federal Veracruz-Puebla para exigir a las autoridades terminar con dicho saqueo hídrico. Más de 100 policías Antimotines y de la Fuerza Civil de Veracruz desalojaron violentamente a los pobladores y mataron el 20 de junio a los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres-Oriental, que comparten Puebla y Veracruz. La protesta se extendió a miles de habitantes de las poblaciones vecinas. Exigen justicia para las familias de los hermanos Cortina Vázquez. Culpan del crimen también a Granjas Carroll. Como única respuesta, el gobierno veracruzano informó el viernes pasado que dos policías están detenidos acusados de abuso de autoridad; disolvió la Fuerza Civil con pésima fama de represora, pero sus integrantes los adscribió a otra dependencia policial. De la empresa, silencio cómplice.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, Juan Carlos Contreras, anunció la clausura temporal de una planta de Granjas Carroll en Totalco, por mal manejo de las aguas residuales. Y que su dependencia revisaba el incumplimiento de algunas recomendaciones hechas sobre el tema; agregó que de no haber remediación, la clausura podría extenderse. Sostuvo que la autoridad federal debía ocuparse de otros asuntos relacionados con el funcionamiento de Granjas Carroll.

No lo ha hecho, una muestra más de la ineptitud que ha mostrado en torno al agua y la conservación de los recursos naturales. El problema lo hereda a la próxima administración federal. El desastre que ocasiona Granjas Carroll explica muy bien la oposición de los campesinos de la península de Yucatán a que allí se establezcan granjas porcícolas. Hay que apoyarlos en su lucha.