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Tímidas reformas en la era postSnowden
El rechazo
El martes 28 de julio pasado, la Casa Blanca rechazó la petición de perdonar a Edward Snowden, que había sido presentada desde hace dos años y firmada por más de 167 mil personas. El gobierno de Obama argumentó nuevamente que la “peligrosa decisión de robar y revelar información clasificada” de Snowden “había tenido consecuencias serias para la seguridad” estadunidense. Esta acusación, de entrada, es errónea, ya que Snowden no divulgó la información al público, sino que se la entregó a varios medios informativos para que éstos lo hicieran de manera responsable, depurando el contenido de posibles revelaciones que comprometieran la seguridad del Estado y de los agentes de inteligencia. Por otro lado, el régimen de Obama sigue sin explicar cuáles son las graves consecuencias que han tenido las acciones de Snowden. Obama llegó a la presidencia prometiendo transparencia y el fin de la era de espionaje y abusos de Bush Jr. Sin embargo, una vez en el poder se retractó de sus palabras, permitió que continuaran y se extendieran los programas de espionaje y hackeo, además de que se convirtió en el más severo represor de los informantes.
Los triunfos
En cambio, debido a las revelaciones producto de la información obtenida por Snowden y publicada por The New York Times, The Washington Post, The Guardian y The Intercept (el sitio creado por el periodista Glenn Greenwald, quien fue vehículo para canalizar la información obtenida por Snowden), el 2 de junio de 2015 el Congreso de eu aprobó el usa Freedom Act, una ley que, si bien no desmantela al USA Patriot Act (puesta en vigencia después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001), por lo menos impone ciertos límites a la capacidad de espiar y recolectar masivamente información de la National Security Agency y otras agencias de inteligencia. Ahora, cuando el gobierno espía a los estadunidenses, debe especificar qué es lo que busca y de quién, por lo que debe contener su ambición de apropiarse de toda la información posible. Esta nueva ley exige que se asignen abogados con autorización de seguridad en los casos de privacidad que se juzgan a puerta cerrada y a los que antes no tenía acceso más que el personal del gobierno. Otro punto es que ahora el gobierno debe anunciar cuándo exige archivos a empresas privadas, y se permite a estas empresas anunciar al público cuándo y cuántas veces se les ha exigido entregar información al gobierno.
Los fracasos
Lamentablemente, como escribe David Cole en su artículo “The New America: Little Privacy, Big Terror”, (New York Review of Books, 13/IX/2015) esta ley no limita en nada el acopio de información en líneas troncales de comunicación de todo aquel que no sea estadunidense (ni siquiera cuando estas comunicaciones sean con estadunidenses). No impone restricciones en los sistemas clandestinos que operan fuera de EU con los que se “aspiran” cientos de millones de comunicaciones que circulan por internet diariamente. Es obvio que en tiempos de internet, el concepto de comunicaciones extranjeras no significa nada. Y tampoco se reconoce o prohíbe que la NSA siga hackeando sistemas e insertando vulnerabilidades de seguridad para espiar con facilidad (que luego son aprovechadas por otros para robar y explotar usuarios que no tienen nada que ver con el terrorismo). No se limita el uso de la información que generan los teléfonos celulares y que sirve para la localización física de cualquier persona. Siguen en pie viejas leyes que autorizan al gobierno a obtener el contenido de cualquier correo electrónico que un usuario (que lo haya enviado o recibido) tenga guardado por más de 180 días. Tampoco se penaliza a las empresas que recolectan, analizan, clasifican y venden nuestra información personal, como Facebook, Google y otros.
Los condenados
Edward Snowden, Julian Assange y Chelsea Manning fueron “whistle blowers” o denunciantes que actuaron de acuerdo con su conciencia y se pusieron en gran riesgo al no existir canales para debatir, informar o manifestarse legalmente respecto de los abusos de Estados Unidos en su “guerra contra el terror”. Snowden vive escondido en Rusia (mientras la CIA, el FBI y el Departamento de Estado lo acosan y tratan de tenderle una trampa para capturarlo), Assange lleva encerrado en la embajada de Ecuador en Londres más de tres años y Manning está preso en una cárcel de alta seguridad (de las verdaderas, no como la del Altiplano) con una condena de treinta años. Mientras tanto, el traidor confeso Jonathan Pollard, quien espió desde su posición de analista de inteligencia de la Marina estadunidense para Israel, está a punto de ser liberado de una cadena perpetua. Aunque el gobierno de EU lo ha negado, es claro que Pollard es parte del paquete compensatorio que Obama ofrece a Israel por el acuerdo nuclear alcanzado con Irán.
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