Chihuahua, Chih., 7 de febrero. Luego de dos años de presencia policiaca y militar en Ciudad Juárez, con más de 7 mil efectivos desplegados en la urbe fronteriza y poblaciones aledañas, la violencia ligada al crimen organizado no cede, por el contrario, se incrementan asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos a negocios y casas...

Durante la misa dominical en Catedral, oficiada por el obispo auxiliar de la ciudad de México, Felipe Tejeda, un grupo de activistas defensores del Estado laico realizó un performance fuera del recinto para protestar contra la acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República contra los matrimonios de personas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar menores. Por otra parte, la Arquidiócesis de México consideró que el cambio de estrategia en contra del crimen organizado y el narcotráfico, recién anunciado por el gobierno federal, debe estar acompañado de un programa social bien desarrollado y que alcance a todos los sectores de la población, o de lo contrario las acciones que se emprendan irán al fracaso. Dijo que la violencia en México afecta la vida de personas inocentes, trastornando su cultura, sus tradiciones y su anhelo de paz y progreso. La violencia, indicó, ha llegado a límites dramáticos y preocupantes, particularmente en Ciudad Juárez y Torreón, “pero por agudo que sea el problema los Cascos Azules de la ONU no son la respuesta”.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentará el próximo martes un punto de acuerdo para pedir la renuncia de un funcionario de la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese órgano legislativo, pues los representantes jurídicos de San Lázaro se sumaron a diversas dependencias federales para litigar en segunda instancia judicial el caso del amparo que una juez federal le negó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), como parte del juicio en el que miles de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) buscan echar abajo el decreto presidencial que extinguió ese organismo descentralizado.

Debido al incumplimiento de la legislación en materia de trabajo y salud hay un aumento de accidentes laborales –2.9 por ciento por cada 100 empleados– y de enfermedades, señaló Mariano Noriega Elio, investigador de la UAM