En apenas 10 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pasó de la opulencia que le garantizaba sexenio tras sexenio el apoyo económico del gobierno en turno a la peor de las miserias.

Desde que se hizo efectiva la fiscalización de las economías de los partidos y el tricolor perdió por primera vez la Presidencia de la República, el dinero en el PRI dejó de ser suficiente para cubrir sus necesidades. Acostumbrados al derroche, por algunos meses los priístas vivieron de apariencias hasta que los gobernadores, poco a poco, le fueron retirando los apoyos a su dirigencia nacional y solamente continuaron financiando a sus respectivas delegaciones estatales.

A esta difícil situación los priístas debieron sumar la multa por mil millones de pesos que en marzo de 2003 le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por concepto del desvío de 500 millones de pesos de Petróleos Mexicanos para financiar la campaña del candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa en 2000.

Para 2003, cuando los priístas finiquitaron la multa, no sólo eran un partido pobre con una dirigencia nacional desdibujada, a consecuencia de la falta de control sobre su militancia que les trajo la falta de recursos, sino que estaban hipotecados. Hubo recortes en todas las oficinas. Decenas de trabajadores fueron despedidos. Varios edificios fueron puestos en garantía por dinero fresco y tuvieron que deshacerse de otros bienes.

Una muestra de la precariedad en la que se encontraban las finanzas del tricolor fueron los huevos que disidentes del sindicato magisterial estrellaron en los ventanales de uno de los edificios de la sede nacional del PRI en contra de su entonces secretaria general, Elba Esther Gordillo, los cuales permanecieron por meses en la fachada hasta que hubo recursos para mandarla limpiar.

En uno de sus peores momentos por la falta de recursos económicos para atender las necesidades básicas para su operación, la dirigencia priísta designó a Guillermo Hopkins Gámez coordinador del Programa Nacional de Financiamiento, para tratar de detener su caída financiera y frenar la insurrección que amenazaba con trascender las delegaciones estatales, particularmente en aquellos estados en los que el PRI no era gobierno y que acusaban un prolongado abandono.

El principal foco de inconformidad fue entonces Baja California Sur. Fuentes de la directiva priísta advirtieron que lo ocurrido en esta entidad representaba apenas el inicio y reconocieron que, si no se solventa pronto esta situación de falta de recursos, las escisiones podrían ser mayores. Otros estados en situación delicada –revelaron entonces las fuentes consultadas– eran, entre otros, Nayarit, Michoacán, Morelos, Durango, Guanajuato, Campeche, Querétaro y San Luis Potosí.

También entonces la dirigencia tricolor impuso filtros para evitar una nueva sanción por infracciones en las campañas electorales. Situación que se repitió en 2009, cuando la Comisión Nacional de Procesos Internos obligó a los aspirantes a firmar un documento que desvinculó al partido de eventuales faltas.

Asumo el compromiso de solventar las multas que, en su caso, se generen para nuestro partido por deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones que me impone el orden jurídico aplicable de precampañas y, en su caso, de campañas en materia de ingresos, egresos, topes de gasto y comprobación del origen y destino de unos y otros, señala el documento.

Para 2009, ya sin multas, el PRI contó con 703 millones de pesos de financiamiento público, de los cuales 531.2 millones fueron para gasto ordinario, 159.3 millones para campañas y 15.9 millones para actividades específicas.

Una década después, el PRI parece que empieza a recuperar el lustre de antaño. Para este año, en el que habrá elecciones para gobernador en 12 entidades, además de procesos para renovar congresos y alcaldías, la dirigencia tricolor recibirá 930 millones 336 mil pesos. Con esto la dirigencia recupera parte de ese control que le representó, hasta hace diez años, el manejo de recursos millonarios con los que lograba convencer a su militancia e imponer candidatos.