Chihuahua, Chih., 7 de febrero. Luego de dos años de presencia policiaca y militar en Ciudad Juárez, con más de 7 mil efectivos desplegados en la urbe fronteriza y poblaciones aledañas, la violencia ligada al crimen organizado no cede, por el contrario, se incrementan asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos a negocios y casas...

Esta crisis fue advertida durante años por especialistas, investigadores y organizaciones civiles. “La estrategia del gobierno federal no ha dado resultado y los operativos militares y policiacos no parecen ir a ningún lado. Lo que todo esto ha dejado entre la gente es consternación e indignación”, afirmó el investigador Hugo Almada Mireles, miembro de Observatorio Ciudadano, en el que participan académicos, empresarios y organizaciones no gubernamentales que exigen acciones integrales para atender la descomposición social que priva en la franja fronteriza.

Contabilizados más de 5 mil homicidios ligados al crimen organizado en el estado de Chihuahua, 80 por ciento perpetrados en Ciudad Juárez, los tres niveles de gobierno retomaron estudios y análisis de instituciones como El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para sustentar un plan de intervención social basado en el modelo colombiano y utilizado en Medellín, Bogotá y Cali, a fin de inyectar recursos al desarrollo social y rescatar a miles de jóvenes enrolados en pandillas que conforman los ejércitos de los cárteles que se disputan el control de la zona fronteriza.

Un estudio realizado por El Colegio de la Frontera Norte determinó que el poniente de la ciudad es la zona más violenta. Ahí habitan trabajadores de la industria maquiladora.

En ese sector de Juárez residen más de 600 mil personas, sólo existen dos escuelas preparatorias, mientras que las primarias y secundarias no son suficientes para atender la demanda. En esa zona viven al menos 14 mil menores de entre 13 y 17 años de edad integrados a 521 pandillas, a quienes se suman otros 3 mil jóvenes con más de 18 años, con lo que habrían al menos 17 mil de ellos ligados de alguna manera a la delincuencia.