Hay poca voluntad política en los gobiernos panistas para sancionar a los funcionarios que en la última década incurrieron en ilícitos, entre ellos Vicente Fox, pese a la gravedad de los delitos que se le han imputado (entre ellos presunto enriquecimiento ilícito), junto con su esposa Marta Sahagún, manifestó el diputado del Partido del Trabajo (PT) Jaime Cárdenas Gracia.

A propósito de los casi 40 mil millones de pesos impuestos como sanciones económicas a funcionarios que han causado quebranto al erario de 1991 a 2009, el también constitucionalista dijo que presentará una iniciativa de reforma para dar más atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Consideró que también será necesario modificar la Ley Federal de Transparencia para garantizar la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), así como para obligar a los partidos políticos y sindicatos a transparentar sus fuentes de ingreso y rendir cuentas a la sociedad.

Al preguntarle sobre los montos con que se multa a los funcionarios que incurren en ilícitos, refirió que la única forma de acabar con la impunidad es otorgando mayores atribuciones a la ASF.

En entrevista, el legislador agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben dar una explicación de por qué las sanciones que en las últimas décadas se han impuesto a los funcionarios no se pagan (90 por ciento de los 34 mil millones de pesos referidos), y por qué se dan de baja las multas, como ocurrió con el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos, quien en juicio logró dejar de pagar 864 millones de pesos.

“El gobierno federal presenta denuncias penales que nunca son consignadas ante los jueces federales, porque la Procuraduría General de la República (PGR) no encuentra elementos, los manda al archivo y no puede fincar responsabilidades administrativas, salvo resarcitorias (multas).

Por lo que toca a la ASF, sólo puede hacer recomendaciones de desempeño al gobierno una vez que se ejercieron los recursos, por lo cual hay que reformar el artículo 79 de la Constitución y la ley de fiscalización.

–¿Y en el caso de Fox?

–El diputado del PRI César Augusto Santiago presentó una propuesta para que se dictaminen las cuentas públicas de Fox. Desde 2003 no se ha dictaminado una cuenta pública del gobierno federal: la fiscalización a posteriori no es muy ágil. Se requieren cambios.