Como parte de la nueva estrategia para combatir el crimen organizado en Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez, el gobierno federal propondrá la designación de un comisionado que se encargue del mando de las operaciones policiacas y militares, así como de la instrumentación de los programas sociales y económicos, revelaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional.

Los entrevistados señalaron que la figura del comisionado se considera viable, a fin de que policías y militares –el nuevo planteamiento incluye la participación de marinos– no tengan disputas o diferencias de mando.

Asimismo, las fuentes consultadas refirieron que la representación militar en el gabinete de seguridad puso como condición para participar en esta nueva estrategia gubernamental que el comisionado sea un civil con buena imagen social y no sea actualmente secretario de Estado.

En el aspecto social, el gobierno calderonista propondrá esquemas de participación compartida, lo que significa que tanto las autoridades federales como el gobierno de Chihuahua aportarán recursos para programas educativos, industriales y culturales, particularmente en Juárez.

Uno de los principales ejes de la estrategia consistirá en la puesta en marcha de programas de rehabilitación para adictos y de prevención del delito en las escuelas, desde prescolar hasta secundaria, ya que se pretende rescatar a las generaciones menores de 13 años de situaciones como el narcomenudeo, la drogadicción o el sicariato.

El nuevo funcionario despachará en Ciudad Juárez, como lo hicieron en su momento varias comisionadas que buscaron atender y resolver el caso de las mujeres asesinadas y desaparecidas en esa frontera.

De acuerdo con informes gubernamentales, en Chihuahua operan los cárteles de Sinaloa, el de Juárez y Los Zetas. Los dos últimos sumaron fuerzas desde 2008, ya que el cártel de Sinaloa, dirigido por Ismael El Mayo Zambada y por Joaquín El Chapo Guzmán, les disputa las zonas de distribución y producción de enervantes, así como la ruta de tráfico hacia Estados Unidos que se localiza en Ciudad Juárez.

Las estadísticas oficiales refieren que este municipio es el territorio donde se ha cometido el mayor número de ejecuciones (3 mil 240) vinculadas con el crimen organizado, y Chihuahua es la entidad con el mayor número de homicidios (5 mil 170) de ese tipo, de acuerdo con las estadísticas del gobierno federal.

Desde el año 2000, cuando se inició el mandato de Vicente Fox, y durante los tres años de Felipe Calderón, el gobierno federal ha llevado a cabo diversas acciones en Chihuahua, sobre todo de carácter militar y policiaco, pero la violencia se ha ido incrementando sobre todo en los últimos tres años, cuando las estadísticas de homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado pasaron de 120 a más de 4 mil en un solo año.

En esta gestión, la estrategia gubernamental ha sido estrictamente policial y militar, al desplegar más de 4 mil soldados y 23 mil elementos de la Policía Federal. Ésta será la primera ocasión en que autoridades locales y federales implanten acciones de carácter social, educativo, cultural y de empleo a fin de abatir los índices de violencia y vinculación al crimen organizado.

En Chihuahua hay cinco municipios considerados entre los más violentos del país: Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Guadalupe, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes. De acuerdo con datos de organizaciones sociales, como el Observatorio Ciudadano de Ciudad Juárez, en los últimos años 60 mil familias han abandonado ese municipio fronterizo y cambiaron su residencia a la vecina El Paso, Texas.

En siete años, el número de pandillas en Ciudad Juárez ha crecido 300 por ciento, al pasar de 300 a 900 grupos que se consideran delictivos, pero tres de ellos, conocidos como Los Artistas Asesinos, Mexicles y Los Aztecas, se han convertido en comandos de sicarios al servicio de los cárteles de Sinaloa (los dos primeros), y de Juárez (el tercero).

En 2006, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) elaboró un informe de la situación social en Ciudad Juárez, donde señaló que el problema de las pandillas está relacionado con el hecho de que 30 por ciento de los adolescentes con edades de entre 12 y 15 años no asisten a la escuela ni trabajan.

Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, mientras en el país se cometen 11.79 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en Juárez son 101 por cada 100 mil habitantes, es decir, 757 por ciento más ilícitos de este tipo. Los datos de esa dependencia refieren que la ciudad fronteriza tiene mayor violencia que la registrada en Nueva York en 1990, Chicago en 1992 y Sicilia entre 1989 y 1992, años en los que se cometían 30.6, 33.15 y 14.50 homicidios por cada 100 mil habitantes.