McAllen. Jueces de Texas y Nueva York prohibieron ayer temporalmente al gobierno de Donald Trump que deporte a venezolanos encarcelados en ciertas partes de esos dos estados mientras sus abogados impugnan el uso de una vieja ley que permite a los presidentes apresar y deportar a no ciudadanos en tiempos de guerra.

El par de fallos no abordó la legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por el presidente Trump para deportar a venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, y sólo se aplicaron a inmigrantes bajo custodia federal en los distritos judiciales de los jueces.

Fueron las primeras acciones judiciales que se desarrollan después de que la Suprema Corte federal falló el lunes que el gobierno puede reanudar las deportaciones al amparo de dicha ley, pero que esas personas deben tener algún debido proceso antes de ser sacadas del país, incluyendo un tiempo razonable para argumentar ante un juez por qué no deberían ser expulsadas.

Abogados de derechos civiles en los dos estados habían demandado para evitar que el gobierno deportara a cinco hombres que niegan ser parte del Tren de Aragua.

Es previsible que haya impugnaciones legales similares donde venezolanos han sido detenidos. La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles ha pedido a los jueces en Texas y Nueva York que decidan si es legal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del gobierno cuando el país no está en guerra.

La Ley de Enemigos Extranjeros sólo se ha utilizado tres veces en el pasado, durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En ese último caso se utilizó para justificar el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa mientras Estados Unidos estaba en guerra con Japón.

Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero Trump ha argumentado que Estados Unidos está siendo invadido por miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos ya han expulsado a más de 200 personas y las han enviado a una prisión de El Salvador sin permitirles impugnar sus expulsiones en la corte.