A pesar de que 10 entidades del país presentan en rojo (máximo riesgo) sólo uno de los cuatro indicadores evaluados para establecer el semáforo epidemiológico –porcentaje de ocupación hospitalaria; de positividad al virus; tendencia en casos hospitalizados y del síndrome Covid-19–, tendrán que mantener, por lo menos hasta el 14 de junio, medidas de distanciamiento social y limitar la reapertura a actividades clasificadas como esenciales.

La nueva normalidad marcará un regreso a clases no sólo con nuevas medidas de higiene y sana distancia en los más de 265 mil planteles de todos los niveles en el país, también para un millón 224 mil docentes de prescolar, primaria y secundaria implicará un proceso de preparación con capacitación a distancia, organización de jornadas de limpieza escolar, aplicación de herramientas de soporte socioemocional para sus alumnos e incluso la creación de una red de apoyo que permita afrontar la incertidumbre que existirá después del confinamiento.

Guadalajara, Jal., Testimonios de quienes fueron encerrados ilegalmente por policías ministeriales en las inmediaciones de la Fiscalía de Jalisco el viernes por la tarde y noche, coinciden en que los levantaron sujetos vestidos de civil a bordo de camionetas sin distintivos, pero que todos fueron llevados a las instalaciones policiacas, donde al menos 60 personas estuvieron detenidas sin ningún protocolo durante horas.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo ayer que la policía capitalina mostró valor y profesionalismo al proteger las instalaciones de la legación diplomática durante la protesta registrada el viernes cuando encapuchados trataron de vandalizar el inmueble.

Guadalajara, Jal., Gerardo Octavio Solís Gómez tiene dos cosas en común con su anterior ejercicio como procurador estatal de Justicia: la represión indiscriminada contra manifestantes en 2004 y la misma violencia en 2020, ahora como fiscal General del Estado.

Diversas organizaciones civiles condenaron los ataques contra periodistas y manifestantes cometidos por las fuerzas de seguridad del estado de Jalisco, en el contexto de las protestas por el asesinato de Giovanni López, y enviaron una acción urgente a organismos internacionales para que el Estado mexicano dé información actualizada sobre las personas detenidas cuyo paradero aún se desconoce.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido seis denuncias por presuntas violaciones en la constitución de nuevos partidos políticos. Las agrupaciones que son investigadas por ello son Redes Sociales Progresistas (RSP), vinculada a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales; Encuentro Solidario (ES) antes Partido En­cuentro Social; Grupo Social Promotor de México (GSPM), impulsado por militantes del desaparecido Partido Nueva Alianza, y Fuerza Social por México (GSM), ligada al sindicalista Pedro Haces.

La Fiscalía General de la República (FGR) indaga a un grupo de más de 20 elementos de la Policía Federal Ministerial que se presume están involucrados en actividades de protección a grupos delictivos, apoyo para el traslado de cargamentos de droga y en la realización de supuestos operativos de cateo que en realidad fueron asaltos a residencias.

El pasado 4 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, luchadores sociales víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo de 2007, lo cual significa un acto histórico, pues nunca antes el máximo tribunal del país había analizado un caso por ese delito.

El Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (Gisamac) expresó su respaldo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en torno a la aplicación del principio precautorio a la importación de glifosato.

Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a dos hombres que presuntamente forman parte del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) y La línea, que operaban en Aguascalientes y Jalisco. Los detenidos fueron identificados como Juan Hernández Chavoyo, quien presuntamente forma parte de La Línea –brazo armado del cártel de Juárez–, y Rogelio González, integrante del CJNG. Ambos fueron acusados de delincuencia organizada.

Chilpancingo, Gro., El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan demandó al gobierno federal que abra una investigación exhaustiva, pronta, independiente e imparcial para ofrecer verdad, justicia y reparación integral del daño, y adopte medidas para que graves violaciones a los derechos humanos como la de El Charco no se rediten.

Ante el aumento de casos de Covid-19 en el país y el riesgo en que se encuentran los trabajadores migrantes del campo, ahora que mayor cantidad de personas están en el espacio público, el Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en Sonora (GT-JAS) llamó al gobierno a atender a dicho sector.