l artículo primero de la Constitución establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidasdes …”, etcétera.

Sin embargo, todos los días, como se establece en miles de documentos oficiales, se discrimina a los mexicanos que ostentan doble nacionalidad y a los mexicanos naturalizados. Ya no se diga a los extranjeros a los que se les puede aplicar el famoso y arcaico artículo 33, recientemente reformado, pero aún no derogado.

Al igual que en la Alemania de otros tiempos, donde se establecían diferentes tipos de nacionalidad, de acuerdo con el grado de pureza racial aria, en México se establecen notables diferencias entre distintos grados de nacionalidad, o una supuesta conciencia nacional, que la naturaleza otorga a los mexicanos de nacimiento y no a los dobles nacionales o naturalizados. Y estas diferencias de grado se reflejan en diferentes niveles de acceso a los derechos.

Recordemos el caso del ex presidente Vicente Fox Quesada, cuya madre era española, aunque él era mexicano de nacimiento tampoco tenía derecho a ser candidato a la Presidencia de la República porque el artículo 82 exigía que el candidato debía ser hijo de padre y madre mexicanos, y se tuvo que cambiar la letra y por la o, lo que finalmente le permitió llegar a ser presidente. Al parecer el grado de óptima nacionalidad no sólo lo otorgaba el suelo, el haber nacido en esta tierra, sino la sangre, que podía haber estado contaminada de extranjería.

Algunos anacronismos han sido eliminados con el tiempo, pero persisten notorias desigualdades entre los mexicanos de primera, segunda y tercera clase. Cada vez que un doble nacional, de los cuales hay varios millones, quiere participar en política o en algún cargo de elección popular, se saca a colación que tiene otra nacionalidad y, por tanto, se aduce que no tiene iguales derechos.

Del mismo modo, los mexicanos naturalizados llevan su marca en la CURP, con las letras HNE (hombre nacido en el extranjero) para que todo funcionario tenga pleno conocimiento de su calidad y sea perfectamente identificable y, en muchos casos, excluido.

Los colegas de la prensa también hacen la lucha para destacar esta diferencia, que no es otra cosa que discriminación. Por ejemplo, cuando mencionan al tristemente célebre Carlos Ahumada Kurtz, siempre se refieren al él como el empresario argentino o de origen argentino naturalizado mexicano. Ahumada era tan mexicano como sus compinches René Bejarano o Rosario Robles, pero los periodistas insisten en notar la diferencia y hacerla pública.

Lo curioso es que la ley mexicana obliga a los extranjeros que se quieren naturalizar a renunciar a su nacionalidad, pero no basta con exigir ese anacronismo, se les va a recordar toda su vida que NO son mexicanos de nacimiento, sino naturalizados de tercera clase. Incluso a los nietos de mexicanos, nacidos en el extranjero, que tienen derecho a la nacionalidad, se les otorga el derecho, pero como naturalizados.

Paradójicamente, México superó ya hace unas décadas el anacronismo de que se perdía la nacionalidad si se adquiría otra, ahora es irrenunciable, pero esto no aplica para los mexicanos de segunda o tercera clase, que pueden perder la nacionalidad si adquieren otra, o si utilizan documentos de otro país siendo naturalizados.

México es una nación de avanzada en cuanto a sus propuestas para defender los derechos de los migrantes. Su participación en foros internacionales ha sido muy destacada y ha sido promotor y firmante de importantes convenciones, como la de Marrakech.

Sin embargo, en casa reina la oscuridad y el oscurantismo, de un nacionalismo anacrónico y exacerbado, que deja anclado al país en otro siglo. Para poner ejemplos comparativos. En Francia la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, nació en Cádiz, España; el ex primer ministro de Francia Manuel Valls, nació en Cataluña; el famoso Arnold Schwarzenegger, nacido en Austria, fue gobernador de California y así muchos otros naturalizados que pueden acceder a cargos políticos importantes en distintas naciones del mundo.

La legislación mexicana no permite a un naturalizado ser profesor de primaria, tampoco ser capitán en un avión comercial de bandera mexicana, menos ser director de una escuela o universidad. Y esto se debe a que en todos los estatutos de cientos de instituciones públicas aparece la muletilla: mexicanos de nacimiento, lo que excluye a los naturalizados y también, en algunos casos, se descarta a los que tengan doble nacionalidad.

La ley Taibo, para que un naturalizado pudiera dirigir el Fondo de Cultura Económica, fue un avance coyuntural y limitado, no aplica en otros casos. La discriminación sigue presente y vigente.

Veremos qué pasa en el CIESAS donde se tiene que renovar la dirección y se piensa impugnar la convocatoria, si persiste este principio excluyente y discriminatorio, precisamente en un centro de investigación que fue fundado por Ángel Palerm un mexicano refugiado y naturalizado.