El pasado 4 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, luchadores sociales víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo de 2007, lo cual significa un acto histórico, pues nunca antes el máximo tribunal del país había analizado un caso por ese delito.

Así lo indicó Nadin Reyes, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, quien afirmó que hay elementos suficientes para que la Corte sólo confirme el sentido de fallos previos emitidos por tribunales colegiados, los cuales ordenan la búsqueda de ambas víctimas en cuarteles militares y la comparecencia de los elementos castrenses involucrados en su desaparición.

La activista recordó que desde enero de este año, el segundo tribunal colegiado de lo penal del primer circuito solicitó a la SCJN que asumiera el expediente de Reyes y Cruz para que analizara la validez de un amparo otorgado por un juzgado de distrito a los familiares de los dos hombres en mayo de 2019.

Dicho amparo ratificaba una sentencia dictada casi cinco años antes, que obligaba al Ejército, al gobierno de Oaxaca y otras instancias oficiales a explicar su actuación en la desaparición, así como a integrar una comisión especial de búsqueda, con facultades incluso para ordenar la apertura de cuarteles militares.

La decisión de la SCJN de atraer el caso, sostuvo Nadin Reyes, es fundamental e histórica, porque es el primer caso que la Corte conoce en materia de desaparición forzada, y porque se trata de una desaparición con motivos políticos.

La activista dijo esperar que la Corte no se deje influenciar por el hecho de que el Ejército y la Fiscalía General de la República impugnaron en su momento el fallo de buscar a las víctimas en cuarteles militares, y adelantó que si la sentencia final no les favorece, llevarían el caso ante tribunales internacionales.