Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) calificó de desapariciones forzadas las detenciones ilegales que policías de la Fiscalía del estado, vestidos de civil y armados con palos y bates, realizaron el viernes contra manifestantes o personas que se dirigían a protestar por la muerte de Giovanni López y exigir la liberación de 28 detenidos el jueves, durante la primera manifestación que devino en actos vandálicos y razias de policías estatales y municipales de Guadalajara, declaró el ombudsman Alfonso Hernández Barrón.

Esos 28 detenidos, incluidos seis menores de edad, habían sido canalizados a la Fiscalía General del Estado, donde los amenazaron con ser enviados al penal de Puente Grande, mientras que otros 14 fueron detenidos el viernes y remitidos a la Fiscalía General de la República.

Los 42 arrestados fueron liberados la tarde de este sábado, conforme al compromiso que asumió el gobernador Enrique Alfaro por la mañana tras ofrecer disculpa por los excesos policiales y prometer que retiraría todos los cargos.

Las detenciones fuera de protocolo y causa legal pueden calificarse como desapariciones forzadas al no tener información del parade-ro de los detenidos. Quienes los aprehendieron eran personas vestidas de civiles, presumiblemente servidores públicos, tenían radios; se los llevaron a lugares lejanos y los dejaron a su suerte. Algunos fueron por sus pertenencias a la Fiscalía y ése es un hecho evidente de que fue personal de esa institución, señaló Hernández Barrón.

El ombudsman pidió que autoridades estatales, familiares de las víctimas de las detenciones ilegales y asociaciones civiles abrieran una mesa de diálogo para que sean atendidas puntualmente todas las quejas que existan sobre los abusos de autoridad sufridos.

La CEDHJ reprueba las detenciones ilegales, la privación ilegal, los casos de desaparición forzada que se acrediten en contra de quienes querían manifestarse y quienes no. Reiteramos que actuaciones como éstas rompen el estado de derecho y ponen en riesgo las garantías de las personas para la libre reunión y manifestación, agregó.

A pesar del amplio despliegue de funcionarios y visitadores de la CEDHJ con el fin de atender las manifestaciones y vigilar que no existan excesos de las autoridades, explicó el comisionado, no existieron garantías para que realizaran bien su trabajo de defensoría, ya que no les permitieron constatar las condiciones de todos los detenidos ni tampoco se les informó que serían trasladados a Puente Grande, como legalmente debe suceder.

También dijo que se tendrá que aclarar por qué al dispositivo de seguridad del viernes en torno a la Fiscalía, fueron enviados policías municipales de varios ayuntamientos del área metropolitana de Guadalajara y quién fue el que diseñó la estrategia que terminó con una serie de abusos policiales en un amplio perímetro en torno a la dependencia estatal.

Además, presentó un avance preliminar de las investigaciones en torno a la muerte de Giovanni López mientras estaba bajo custodia de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, caso que desató las manifestaciones que por tres días consecutivos se han dado en Guadalajara pidiendo justicia.

En el parte médico, la CEDHJ encontró que el doctor de los servicios legistas de Ixtlahuacán estaba a dos metros de Giovanni mientras lo auscultaba, pese a lo cual consignó que estaba bajo el influjo de alguna droga y con aliento alcohólico.