Diversas organizaciones civiles condenaron los ataques contra periodistas y manifestantes cometidos por las fuerzas de seguridad del estado de Jalisco, en el contexto de las protestas por el asesinato de Giovanni López, y enviaron una acción urgente a organismos internacionales para que el Estado mexicano dé información actualizada sobre las personas detenidas cuyo paradero aún se desconoce.

Mediante un escrito enviado ayer al Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el colectivo Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos solicitaron a dicho órgano que exija cuentas al gobierno del país sobre los operativos policiacos en Jalisco.

En el documento, ambas organizaciones señalaron que los elementos de seguridad hicieron uso de gas lacrimógeno y utilizaron palos y piedras en contra de manifestantes y transeúntes; además, observó la presencia de camionetas no rotuladas de autoridades.

Asimismo, horas más tarde se reportó hostigamiento contra dos defensoras de derechos humanos que documentaban los abusos cometidos por las fuerzas policiacas de Jalisco. Por su parte, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social advirtió que durante las protestas había confirmado que los agentes portaban armas letales.

Aunque originalmente las organizaciones civiles dieron a conocer una lista que incluía el nombre de 33 personas cuyo paradero se desconocía, al cierre de esta edición el recuento se había depurado hasta llegar a una sola persona que aún se encuentra en calidad de desaparecida, de nombre Jorge Poza.

Vía Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a México a localizar a Poza y le recordaron su obligación de investigar y sancionar los abusos reportados.

Por otro lado, el Cepad y la Red Rompe el Miedo señalaron que durante las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López documentaron cuatro ataques contra periodistas. Las agresiones fueron actos intimidatorios, bloqueo informativo con violencia verbal en razón de género y bloqueo informativo con violencia física, indicaron.