Pese a haber firmado hace un año el Acuerdo de Escazú –el cual busca garantizar el derecho de las personas a la información en temas ambientales, así como a participar en la discusión de los mismos y a buscar justicia si sufrieron algún agravio–, el Estado mexicano sigue sin ratificar dicho convenio, lo cual le hace perder la oportunidad de ponerse a la vanguardia en la materia y cumplir con sus obligaciones internacionales. Así lo advirtieron los participantes en el conversatorio Los derechos de acceso en el marco del Acuerdo de Escazú, quienes señalaron que dicha herramienta internacional es muy necesaria ante la falta de información completa sobre los megaproyectos del actual gobierno, como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.

Olimpia Castillo, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, recordó que México firmó en 2018 el acuerdo, pero su ratificación quedó inconclusa. Hasta el momento, las secretarías de Defensa Nacional y de Hacienda no han dado su visto bueno, posiblemente, dijo, por la inversión económica que representa.

Por supuesto que cumplir y echar a andar un acuerdo internacional es caro, pero es más caro no hacerlo. La contaminación atmosférica o una especie que se extingue son cosas que no tienen precio, subrayó Castillo.

Para la Comisionada del Inai, Blanca Lilia Parra, los Estados deben asegurar la existencia y funcionalidad de los mecanismos de participación ciudadana, en el que la sociedad pueda expresar sus opiniones, defender sus intereses, cuestionar las decisiones gubernamentales y modificar las políticas y proyectos en todo lo referente al cuidado del medio ambiente.

(Con información de Emir Olivares)