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Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 19 de enero de 2014 Num: 985 |
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Bazar de asombros Antonio Gramsci: Reformas neoliberales: las razones sin sentido La tumba de John Keats La Ley del libro Columnas: Directorio |
Jorge Moch Niñas robadas Hace más de veinte años empezamos a hablar de las muertas de Juárez y hoy la palabra “feminicidios” se disipa en el imaginario público. Si se olvidan las muertas, también se descartan las que suponemos vivas. A veces los noticieros televisivos mencionan el asunto exagerando cifras. Quizá no son cientos de miles, como afirman algunos medios y sitios de internet a saber con qué alarmista propósito. Quizá tampoco se trate de una especie del siniestro sinfín que alimenta una industria clandestina de recambio, compra y venta de órganos humanos –simplemente porque un hígado infantil de poco o nada serviría a la demanda de órganos para adultos en el mundo–, pero es innegable que en las calles de México, desde Chetumal hasta Tijuana, desaparecen niños. Y sobre todo niñas. Y no deberíamos hablar de miles, ni docenas, ni de una sola ante un fenómeno de explotación y evidente indolencia, ineptitud o complicidad de funcionarios de toda laya, principalmente del putrefacto sistema judicial mexicano: policías, comandantes, jueces, funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, las procuradurías estatales y federal de justicia y el Servicio de Inmigración, por mencionar algunos. Sonados escándalos relacionados con la pederastia salpican a gobernadores, como en Puebla en tiempos de Mario Marín o Manuel Cavazos Lerma en Tamaulipas. Las actividades de criminales pederastas como Jan Succar Kuri o el alemán Harry Walter Pfeil al ser sacadas a la luz exhibieron redes de complicidades que abarcan desde empresarios con gran poder económico, como los poblanos Kamel Nacif Borge o Rogelio Sierra Michelena, hasta políticos como Miguel Ángel Yunes Linares o Emilio Gamboa Patrón, quienes en algunos casos, como ahora Gamboa y Cavazos, gozan de fuero legislativo. Como señalaba Emanuel Mendoza Cancino el 5 de marzo de 2012, en el portal noticioso Terra, una de las imprevistas consecuencias de la guerra contra la delincuencia organizada desatada por el gobierno de Felipe Calderón en 2006, es que muchos grupos criminales “han diversificado sus operaciones, ya no sólo viven de las drogas, sino de otros crímenes como la trata y la extorsión, incluso del tráfico de migrantes”. Sobran los testimonios –como los de quienes viajan sobre La Bestia– para sostener algo así.
Las denuncias de desapariciones, “levantones” y secuestros de mujeres jóvenes se han disparado en los últimos años. No se necesitan dos dedos de frente para conjeturar que las víctimas de estos delitos son destinadas a la prostitución y la esclavitud sexual. Es fácil para algunos escépticos que minimizan el asunto señalar que muchas veces las adolescentes reportadas como desaparecidas “se fugaron con el novio”. Pero no reparan en que muchas bandas criminales dedicadas a la trata de mujeres emplean enganchadores que precisamente operan por medio de la seducción. Muchas de las víctimas son niñas de secundaria y por su entorno cultural y características de la edad fácilmente impresionables. Hay testimonios de proxenetas, provenientes por ejemplo de Tlaxcala, que relatan cómo se hacen “novios” de jovencitas a las que luego enganchan en la trata, llevándolas muchas veces a prostituirse en lugares remotos –y aun al extranjero– o induciéndolas al consumo y trasiego de drogas. Allí las confesiones, recabadas a raíz de su captura, de Gerardo Salazar Tecuapacho o Pedro Salamanca Atonal, alias el Gallo, quien tenía un expediente y ficha de captura en el FBI estaduniense desde 2006. Muchas víctimas son vendidas como esclavas sexuales para miembros de algún cártel. Algunas han logrado escapar de ese infierno, pero muchas, desgraciadamente no es difícil imaginar, sucumben. Lo que no se dice –y menos se airea en la televisión o los medios masivos– es la inoperancia del gobierno, la prácticamente total ausencia de dispositivos de prevención, o una política claramente articulada al respecto. Algo se logra con la denuncia pública que valientemente han hecho periodistas como Lydia Cacho o Sanjuana Martínez, o activistas como Teresa Ulloa, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe o los integrantes y patrocinadores de Alerta Amber México. Hacia tres décadas de estupidez y violencia, cuatro presidentes y un montón de gobernadores y sus amanuenses no pudieron o no quisieron parar la barbarie. Porque quizá, como dicen por ahí, hasta la barbarie es negocio, y en estos casos, como es sabido, el dinero fluye de abajo para arriba. Muy arriba. |
