El posible uso del herbicida glifosato en el sector agrario desató reacciones a favor y en contra en agrupaciones agropecuarias y organizaciones de derechos humanos. Mientras los primeros defendieron que si el agroquímico se usa de manera responsable no afecta al medio ambiente, los segundos alertaron de un impacto a la salud por su uso.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) rechazó los argumentos planteados por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, en un artículo de opinión en este medio en donde aborda el tema del herbicida glifosato.

Por su parte, más de 80 organizaciones de derechos humanos rechazaron el uso del glifosfato en México, ya que impactaría en el acceso a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Censuraron la intención de algunos sectores del gobierno federal que pretenden imponer intereses industriales a costa de potenciales daños a la población y al medio ambiente.

Rogelio García Moreno, vicepresidente Agrícola del CNA, señaló en entrevista que se me hace un juego muy sucio, ahora querer aventarle la pelota al CNA. Somos un organismo muy plural, maduro, que trabaja muy fuertemente con las diferentes secretarías en mesas de trabajo para el bienestar de los productores mexicanos de todos los niveles, nosotros, como CNA seguiremos luchando por las causas justas honestas.

Aseguró que, si el agroquímico se utiliza de manera responsable, se utiliza donde se debe de utilizar y cómo se debe utilizar, no es cancerígeno ni es malo para el medio ambiente. Está comprobado, y añadió que esto lo han demostrado diversos estudios realizados por organismos regulatorios de Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, Canadá y la Organización Mundial de la Salud.

En contraparte, La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 86 ong con presencia en 23 estados), demandaron detener las actuaciones tendientes a abrir el uso del glifosato en el territorio nacional.

Alertaron que el 4 de agosto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó el anteproyecto de decreto presidencial para programar y coordinar los estudios técnicos necesarios que permitan determinar la seguridad del glifosato.