Organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos se sumaron a la condena por el fallecimiento de Giovanni López Ramírez cuando se encontraba en custodia policial en el municipio de Ixhuatlán de los Membrillos, Jalisco, y advirtieron que este caso ejemplifica las consecuencias de que policías no capacitados apliquen supuestas leyes de mano dura para frenar la expansión del Covid-19.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su preocupación y su más enérgica condena al uso de la fuerza y a todo intento por violentar el derecho a la libre manifestación de las ideas, en referencia a la propia muerte de Giovanni en circunstancias aún no aclaradas y a las movilizaciones de descontento por aquélla.

El organismo autónomo recordó que las fuerzas de seguridad deben regirse siempre por los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza para respetar en todo momento el derecho inderogable a la vida.

En igual sentido, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación exhortó a las organizaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno a desterrar el excesivo uso de la fuerza en las detenciones policiacas.

La dependencia expresó su rechazo a la persistencia de detenciones policiacas arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza, especialmente cuando son el resultado de posibles prejuicios o estereotipos, y recalcó que la muerte de López Ramírez es un presunto ejemplo de estas prácticas, pues aunque la investigación sobre los hechos sigue en marcha, Giovanni fue golpeado por los policías municipales, y de acuerdo con la información forense, dichas contusiones provocaron su fallecimiento.

De su lado, Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, subrayó que uno de los aspectos más preocupantes del caso de Giovanni es que a un mes de su fallecimiento todavía no hay certeza de qué lo provocó, en qué circunstancias y quiénes fueron los responsables.

“Aquí en Jalisco, el gobernador (Enrique Alfaro) emitió un decreto el 19 de abril que decía ‘vamos a multar y usar la fuerza pública para quienes no cumplan las directrices de la cuarentena’, basado en lo que prevé la Ley General de Salud, pero el problema con eso es la implementación, porque le das facultades a policías que no están capacitados en el uso de la fuerza de manera proporcional y necesaria”, indicó.

Las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social llamaron a las autoridades de Jalisco a respetar la garantía básica de los ciudadanos a manifestar su inconformidad como ejercicio legítimo de derechos y de expresión del descontento social, al tiempo que exigieron la realización de una indagatoria exhaustiva de todos los funcionarios e instituciones responsables de la custodia de Giovanni, desde su detención hasta su fallecimiento.