En el contexto de la pandemia de Covid-19, la violencia tanto física como política contra las mujeres ha aumentado en la Sierra Norte de Oaxaca, sin que ninguna autoridad judicial ordene o aplique medidas de protección en favor de las víctimas, denunciaron abogadas y funcionarias municipales.

Miriam Pascual, fundadora y directora de la asociación civil Yureni, explicó en entrevista con La Jornada que a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el trabajo de las autoridades de procuración de justicia –igual que el de los responsables de los gobiernos comunitarios– prácticamente se detuvo por completo, lo que afectó actividades como la emisión de órdenes de protección para mujeres agredidas.

Hay casos en los que necesitamos que el agresor salga del domicilio para evitar que ejerza violencia física o sicológica o que se pidan órdenes de protección de naturaleza civil para que las mamás tengan la guardia y custodia provisional de los hijos, pero los mecanismos legales están muy lentos, deploró.

La violencia política contra las mujeres también es un fenómeno cada vez más presente, y muestra de ello es que en nueve demarcaciones de la Sierra Norte de Oaxaca –que forman parte de los municipios de la esperanza, donde en teoría no hay casos confirmados de Covid-19– la gran mayoría de los puestos públicos están en manos de hombres, pese a la labor destacada de las mujeres en la lucha contra la pandemia.

“A las mujeres se les daba normalmente el cargo de regidoras de salud, por el tema estereotipado de que son cuidadoras de enfermos o de niños, pero también porque es un puesto que no tiene mucha influencia política. Las colocan en puestos menores y no se está visibilizando que detrás de las medidas que han mantenido a estos municipios con bajo nivel de contagios están ellas”, recalcó la abogada.

Por su parte, Celia Ramos, titular de la instancia de mujeres del municipio de Ixtlán de Juárez, señaló que el aumento de la violencia contra la población femenina en la región se puede notar en el número de pedidos de auxilio que ella atiende, pues mientras en marzo recibía una llamada a la semana, actualmente tiene dos o tres todos los días.

Al ser la única funcionaria municipal que actualmente se moviliza para atender peticiones de ayuda de mujeres agredidas, Ramos tiene que abarcar los llamados que puedan surgir en 13 comunidades. Es muy frustrante, porque humanamente quisiera apoyar a todas, pero no puedo desplazarme porque eso me podría en riesgo, aseveró la activista, quien solicitó que las autoridades amplíen el personal encargado de estos temas y le otorguen un pago justo.