ras la consumación del golpe de Estado perpetrado por las derechas oligárquicas, Bolivia vive horas de incertidumbre, destrucción y una violencia no tan descontrolada como pretenden hacerlo creer los golpistas: en diversas ciudades del país sudamericano proliferan las agresiones en contra de los seguidores del derrocado presidente Evo Morales, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y las organizaciones sociales y populares próximas al gobierno depuesto. En tanto que buena parte de los medios nacionales e internacionales se hacen eco de versiones según las cuales hay aire de festejos y de primavera democrática, en las calles de las ciudades bolivianas se desarrolla una verdadera cacería de ex funcionarios y simpatizantes del dirigente indígena, quien al cierre de esta edición ya viajaba rumbo a nuestro país, donde le fue concedido asilo.

l gobierno de Evo Morales ha sido derrocado. Se cumple la máxima. Sin la participación de las fuerzas armadas y las plutocracias desplazadas del poder, la ruptura del orden constitucional se antoja inviable. Los golpes de Estado no son blandos, duros, de guante blanco, simplemente son. La alianza cívico-militar es condición sine qua non para su triunfo. Otra cosa es el papel de los actores comprometidos en la sedición golpista. La estrategia depende de la coyuntura, la correlación de fuerzas y el contexto internacional. Los tiempos cambian. Hoy, en Bolivia vemos emerger nuevos factores en la estrategia golpista. Destaca la aparición de un personaje atípico: Luis Fernando Camacho, empresario, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, ligado a los golpistas que en 2010, encabezados por Branko Marinkovic y Eduardo Rózsa Flores, croata-bolivianos, buscaban proclamar la independencia en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Camacho toma fuerza tras las elecciones del 20 de octubre, lanzó acusaciones de fraude electoral reforzadas por organismos internacionales de carácter regional (OEA), la prensa internacional y la derecha latinoamericana. De manera interna cuenta con el apoyo de las iglesias evangélicas y aglutina el desprecio de los criollos hacia los pueblos originarios. En su ascenso desplaza del tablero al ex candidato presidencial Carlos Mesa y su coalición Comunidad Ciudadana. Asimismo, la oposición en la Asamblea Legislativa tampoco controla la situación. En este contexto, Camacho declara: El señor Carlos Mesa tuvo tiempo para acompañar esta lucha, pero la búsqueda de querer ser presidente le ha hecho perder la objetividad de una lucha mayor, que es la paz del país. Un iluminado se convierte en figura determinante. Ya no se trata de convocar a nuevas elecciones, se busca la inhabilitación política del presidente. Se llama a tomar las calles, las instituciones, los locales del MAS, secuestrar a sus dirigentes y familiares, quemar sus casas, generar miedo. El odio acumulado por la plutocracia en un país donde la dominación oligárquica se funda en un discurso de superioridad étnico racial es el aglutinante. Alcaldes atados a los árboles, obligados a caminar de rodillas, insultados, sacados de sus hogares, apaleados, amenazados de muerte. La violencia en manos de hordas suple la acción de las fuerzas armadas y la policía amotinada. Una situación novedosa en la técnica del golpe de Estado, sin olvidar el anticomunismo. La embajada de Cuba y Venezuela son asaltadas por encapuchados. México ofrece asilo al presidente y sus sedes se abren a un exilio forzado.

primera vista, pareciera buen indicio lo que el Presidente de la República declaró en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el pasado 9 de noviembre, en torno al tren que llaman Maya. Primero describió el proyecto de un tren que cruzará por cinco entidades; se trata, dijo, de un tren rápido para turistas, de pasajeros y de carga, y en la construcción se van a dar muchos empleos y se cuidará no afectar a la naturaleza porque se va a hacer en el derecho de vía que se tiene del ferrocarril del sur-sureste desde hace mucho tiempo. Ninguna mención al factor arqueológico.

l centro de La Paz se ha transformado en un escenario de barricadas, filas para comprar en los pocos negocios que abren, transporte detenido, vecinos apostados en las esquinas cercadas por alambres de púas y chapas de zinc. Cerca de la Plaza Murillo, centro del poder político pasan grupos con cascos, escudos, máscaras antigás, banderas de Bolivia, contingentes de policías apostándose y pidiendo refuerzo a la Fuerza Armada Nacional (FAB).

n su artículo más reciente en la revista Nexos, Julio Frenk et al rechazan que la reforma que impuso el Seguro Popular sea una (contra) reforma neoliberal. Cuando el economista colombiano Londoño y Frenk lanzaron en los años 90 el esquema de esta reforma la llamaron Pluralismo Estructurado. La razón de nombrarlo así fue que impulsaría dos procesos: la competencia entre los administradores de fondos/compradores de servicios y los prestadores de servicios (pluralismo), cuyo resultado serían mejores servicios y más baratos. Sería además especialmente importante romper el monopolio estatal sobre los servicios de salud para que la iniciativa privada floreciera. Competencia y promoción estatal de la privatización son, como se sabe, dos de las características de la economía neoclásica/neoliberal. El Seguro Popular fue la segunda fase de la (contra)reforma en salud que siguió al ajuste fiscal en 1983, cuando se redujo el gasto en salud por lo menos en 50 por ciento, tanto de los servicios de seguridad social como de los de la población abierta.