Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseguró que habrá respuesta a la demanda de verdad y justicia presentada por Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka condecorada ayer con la Medalla Belisario Domínguez, por conducto de un mensaje leído por su hija Claudia Piedra.

Encinas indicó que el desafío planteado por las hijas de Ibarra de Piedra de dejar en custodia en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador la presea con la finalidad de que éste continúe la causa por los desaparecidos y su lucha de 44 años, es totalmente aplicable.

Se abrirán todas las líneas de investigación

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación informó que en los casos de cientos de detenidos-desaparecidos durante los años de la guerra sucia se han abierto todas las líneas de investigación posibles; entre ellas las delineadas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado –que se cerró sin rendir resultados–, la Comisión de la Verdad de Guerrero y otras instancias de reciente creación, propuestas por los familiares de las víctimas de aquella época ante las nuevas autoridades.

Se estima que en el periodo conocido como guerra sucia –término que nunca fue aceptado por Rosario Ibarra, quien prefiere usar terrorismo de Estado–, que comenzó en 1969 y duró hasta el sexenio de José López Portillo, se registran aproximadamente 500 detenidos-desaparecidos relacionados con las luchas políticas y sociales.

La diferencia entre los procesos judiciales truncos del pasado y los del nuevo gobierno, explicó Encinas, es “la disposición e instrucción del Presidente para que todas las dependencias –incluidas las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como todos los gobiernos de los estados– ayuden a conocer qué pasó y dónde están”. Esto, aseguró, permite tener una mejor perspectiva que en las administraciones anteriores, que abarcaron seis periodos presidenciales.

Aseguró que en la actualidad hay un esfuerzo institucional que obligará a todas las dependencias a cooperar.