La comparecencia del Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) –que concluyó ayer– dejó un sabor agridulce, pues aunque la delegación oficial admitió la gravedad de la crisis en materia de violaciones a las garantías básicas y realizó algunos anuncios positivos, también dio información incompleta sobre otros asuntos o no los abordó con la profundidad necesaria, afirmaron las organizaciones civiles que estuvieron presentes en el acto.

Sofía de Robina, integrante del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó en entrevista vía telefónica desde Ginebra, Suiza, que entre los puntos positivos de la sustanciación de México para demostrar que cumple con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está reconocer que en el país se vive una situación grave de violaciones de derechos humanos, a diferencia de administraciones anteriores, cuyos delegados eran reacios a admitir este hecho.

De igual forma, dijo, la representación mexicana hizo anuncios importantes, entre ellos que va a presentarse una iniciativa para eliminar de la Constitución la figura del arraigo y que en los próximos meses se actualizará la base de datos de personas desaparecidas en México.

Sin embargo, lamentó De Robina, la delegación del Estado mexicano no dio información precisa sobre diversos temas o no respondió a las críticas de los expertos sobre tópicos como la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa.

No vemos en esos temas que haya una respuesta clara para quitar las preocupaciones; al contrario, alertó la abogada.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de la asociación civil Idheas, destacó el anuncio de que se autorizará la visita al país de los miembros del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, y que se cumplirá de manera puntual con la reciente decisión emitida por ONU-DH en el caso de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, ocurrida en 2010 en Veracruz.

Sin embargo, el activista criticó que la delegación de México no diera respuesta puntual a las preguntas del Comité de Derechos Humanos sobre casos de sentencias por tortura y desaparición forzada ni aportara datos de las investigaciones a mandos superiores que hubiesen ordenado dichas prácticas.

Gutiérrez manifestó que dicha situación ha sido reiterada, pues el Estado suele manejar cifras diferentes sobre sentencias o averiguaciones previas en casos de violaciones graves a derechos humanos y las presenta ante los órganos de Naciones Unidas.

Ayer, unas horas antes de que las organizaciones civiles ofrecieran una conferencia para fijar su postura sobre estos temas, la delegación de México presentó la segunda parte de su comparecencia y respondió a las preguntas hechas por los expertos de ONU-DH sobre temas como igualdad de género, aborto, brecha salarial entre hombres y mujeres y reconocimiento de responsabilidades por la llamada guerra sucia.

Las audiencias de ONU-DH van a continuar hasta el 8 de noviembre, pero un día antes sus integrantes darán a conocer sus recomendaciones finales al gobierno mexicano.