El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, se irá del país en los próximos días.

La alta comisionada, Michelle Bachelet, lo nombró recientemente nuevo titular de la Oficina Regional para América del Sur, con sede en Santiago de Chile, revelaron fuentes de esa oficina. La salida aún no se hace oficial y se desconoce quién lo relevará en México.

Jarab, de origen checo, llegó al país el 13 de junio de 2016. Fue nombrado por el entonces alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, tras la visita que éste realizó a México en octubre de 2015. De inmediato, la oficina de la ONU-DH cobró un papel protagónico en casos emblemáticos de graves violaciones a las garantías fundamentales, impulsó un diálogo cercano con las autoridades y organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, se ganó la confianza de las víctimas.

Se enfocó en atender temas como las desapariciones forzadas o involuntarias, la lucha contra la impunidad, la tortura, las detenciones arbitrarias, el uso de la fuerza, la seguridad ciudadana, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres, los asesinatos de periodistas y defensores, entre otros.

Uno de los casos en que la oficina de la ONU-DH en México ha tenido una importante participación es la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En marzo de 2018 presentó el informe Doble injusticia, en el que se acreditaron actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos contra 34 de los 129 procesados por los hechos. Además la oficina juega un papel central en la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, creada por decreto presidencial. Incluso, el propio Jarab se ha sumado a las marchas para exigir la presentación de los normalistas.

Impulsor de leyes

Su oficina también ha jugado un papel fundamental en la construcción de normas recientemente aprobadas, como la ley contra la tortura y la que sanciona las desapariciones; de igual modo, fue un férreo crítico de la ley de seguridad interior, impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto; colaboró con análsis técnicos para la aprobación del carácter civil de la Guardia Nacional y se firmó un convenio con el gobierno federal para capacitar a los elementos de ese cuerpo de seguridad en derechos humanos.

Jarab impulsó que desde su oficina se trabajara en un registro de comunicadores y activistas asesinados en el país y este año presentó un diagnóstico para mejorar el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual ha comenzado a aplicarse.

Esas son sólo algunas del sinnúmero de actividades que el funcionario internacional desarrolló en el país en favor de las garan-tías fundamentales.