a macrocuenta de Oferta y Demanda en el país totalizó en el primer semestre del año 33 billones 418 mil 183 millones de pesos en cifra anualizada; su aumento fue marginal, de 0.20% respecto a 2018, y aunque explicable es el segundo más bajo de los últimos cinco inicios de sexenio (Gráfico 1).

De la oferta total, el 72.1% son bienes y servicios producidos (o terminados) en el país y 27.9% son importados. Los primeros (el PIB) creció como es sabido 0.19%, y las importaciones 0.22%

De la demanda total, el 54.4% correspondió al consumo interno, 28.0% al consumo externo (exportaciones), y 15.2 a la inversión fija (formación bruta de capital fijo); del remanente, 0.9% fue variación de existencias y 1.5 discrepancia estadística.

El consumo total (anualizado) ascendió en el semestre a 18.175 billones, de los cuales el 84.8% es consumo privado y 15.2% gubernamental (Gráfico 2). El consumo privado creció 0.39% y el gubernamental decreció -1.56%.

La inversión fija bruta presenta en el semestre una severa contracción de -4.11%, menos grave sin embargo que la similar de 1995 (-35.8%) y de 2001 (-7.56%) (Gráfico 3). De sus componentes, la construcción se redujo -2.70% (-0.15 la privada y -11.59 la pública), y la inversión en maquinaria y equipo bajó -6.0% (-6.07 la privada y -3.46 la pública).

La inversión fija es el motor de toda economía y lo que se invierte hoy condiciona el crecimiento de mañana. Para crecer al 4-5% el país debe invertir alrededor del 33% del PIB, del cual al menos 10.0% sería inversión pública (con una captación fiscal mínima del 30.0% del PIB). Por eso no cuadra hablar de crecimiento cuando estamos invirtiendo apenas el 21.1% del PIB este año (18.5 inversión privada y 2.6% pública) (Gráfico 1), y menos aun cuando Hacienda propone para 2020 una inversión pública de 760 mil millones, el 2.9% del PIB, porcentaje similar al de 2018.

En economía no hay milagros. Si queremos salir del pasmo económico lo primero es cobrar cabal y justamente los impuestos existentes a los grandes corporativos y contribuyentes que concentran ingreso y riqueza, y revisar los mecanismos y aportaciones para la seguridad social (un ahorro vital para el país); con ello el fisco debe captar un 50% más de lo actual (23.5 del PIB) y poder invertir. Como criterio rector, la infraestructura básica es de utilidad pública y por lo tanto incompatible en alto grado con el negocio privado. Amplísimo es el campo para la inversión productiva privada nacional, máxime si atinamos a poner límites a los consorcios monopolistas.

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