Familiares de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de ejecución extrajudicial en 2011, cuando participaban en un bloqueo en la Autopista del Sol, denunciaron que en todo este tiempo las autoridades de Guerrero han decidido no investigar a los responsables de estos hechos atroces ni brindar justicia a las familias.

Durante una reunión celebrada este miércoles en Washington con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arozamena, y el secretario ejecutivo Paulo Abrao, los familiares revisaron la actualización del expediente, a ocho años de los hechos.

En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó que este caso fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió la recomendación 1 VG/2012, donde uno de los principales señalamientos es iniciar un juicio político contra el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y fincar responsabilidades penales a los miembros de las policías ministerial, estatal y Federal por haber ordenado y ejecutado el operativo violento contra los normalistas.

Según indicó el organismo civil, hasta la fecha no se ha acatado la recomendación de la CNDH, e incluso el ex gobernador Aguirre llegó a postularse para diputado federal. Además, los dos policías procesados fueron liberados por deficiencias en la investigación, mientras al resto de los 168 agentes que participaron en el operativo del 12 de diciembre de 2011 no se les inició ningún proceso penal o administrativo.