La resolución judicial en la cual se dictó auto de libertad a Gildardo López Astudillo, El Gil, identificado como uno de los líderes de la banda Guerreros Unidos, se fundamenta en términos del principio de presunción de inocencia; sin embargo, violenta los principios constitucionales, consideró el abogado Julio Jiménez Martínez, analista jurídico y experto en temas de seguridad nacional.

“La resolución bajo condiciones de principios de la ilegalidad y respeto al debido proceso procura responder a estos preceptos fundamentales del nuevo sistema penal acusatorio que ha sido la ‘puerta giratoria’ para un buen número de delincuentes que han alcanzado la libertad. Esto obedece más bien a una consigna de autoridades que están influenciando y que pretenden controlar al Poder Judicial.

“En esta sentencia (de López Astudillo) obviamente hay temas interesantes que podrían ser incluso objeto de revisión de un tribunal de alzada, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un juicio de amparo. Habría que esperar qué postura fijará la Fiscalía General de la República (FGR) para que este caso no se les caiga como muchos más.

Al realizar un análisis de la averiguación previa 66/2015, en la cual se dejó libre a El Gil, involucrado directamente en el secuestro y desa-parición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con pruebas en su contra, el litigante señaló que hay una deficiente integración de la carpeta de investigación y una valoración incongruente de los hallazgos periciales que aportó la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y que dieron sustento al procedimiento penal.

En su afán por integrar de manera apresurada la carpeta de investigación y presionar al juez para resolverla, dejaron de lado la valoración fundamental de pruebas que podrían vincular a este delincuente a una causa penal que podría haberse llevado a una sentencia condenatoria definitiva.

–¿Hay manera de que la Fiscalía salve esos errores en otros casos relacionados?

– La Fiscalía tiene que cuidar la integración de la carpeta de investigación, la presentación y preparación de las pruebas que, desde mi muy modesto punto de vista, no elaboró de manera correcta. Desde el trabajo que realizó el Ministerio Público Federal, no se cuidaron las formas; tan así fue que el juzgador resolvió en términos del Estado de derecho, respetando el principio de presunción de inocencia y derechos fundamentales a esta endeble causa penal.

–¿Considera que si todos los expedientes en el caso están armados de manera similar, el MP podría perder los casos pendientes?

–Lamentablemente estos casos, reitero, eran más un escape mediático, era darle una respuesta a la opinión pública y no una solución al problema. La Procuraduría estaba más interesada en la pronta respuesta a la sociedad y no en una solución a la desaparición forzada de los estudiantes. No se respetaron los protocolos mínimos de investigación, ni de respeto a los derechos de las víctimas.

La procuraduría en aquel momento no cuidó los modos en las cadenas de custodia, para preservar las evidencias, para garantizar la certeza y seguridad jurídica, el principio de presunción de inocencia, los derechos humanos de las víctimas y de los posibles involucrados, creo que fue un ejercicio excesivo de carácter mediático y no de carácter jurídico.

–Con base en esta resolución, ¿el juez podría declarar nulas las pruebas con las que se cuenta y condenar a los imputados como al resto de los acusados?

–Cabría la posibilidad. Habría que valorar el criterio del juzgador y entender las circunstancias de presión mediática política bajo los cuales está valorando las pruebas el Poder Judicial. No olvidemos que es un asunto muy manipulado, es un tema donde están involucradas demasiadas personas. Está muy contaminado el expediente. Creo que habría que hacer un ejercicio muy exhaustivo, muy responsable y profesional de un grupo de juristas que apoyaran a este órgano jurisdiccional, y a quien va a preparar el proyecto de sentencia para estar en condiciones de respetar y garantizar el debido proceso.