Al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, le urge que el Congreso de la Unión apruebe la reforma a la Ley General en la materia para poner orden en la administración de los servicios médicos, consolidar la federalización a la que, con convenios, se sumaron 20 estados y sólo faltan 12, Guanajuato y Jalisco, entre ellos.

Para el funcionario, además de formalizar la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituirá al Seguro Popular, se terminarán con las limitaciones que impone este esquema para la atención de enfermedades. La hepatitis C se cura, está en la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y este gobierno compró los antivirales, pero está impedido para entregarlos a pacientes.

La ley vigente dice que se rembolsará a los hospitales el dinero que inviertan en la compra de los tratamientos. No se les puede dar en especie, en qué cabeza cabe esto, lamenta Alcocer.

Al ser entrevistado, también reconoce a La Jornada que la primera compra consolidada de medicinas no fue exitosa, hubo errores, situaciones poco claras e ineficiencias, pero ya aprendimos, pasamos la curva de aprendizaje y a pesar de los duendes que buscan entorpecer nuestro trabajo, la adquisición de insumos para 2020 se realizará con el mismo esquema.

–¿Dónde están o de dónde saldrán los 40 mil millones de pesos adicionales al presupuesto para salud, ofrecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador?

–En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 no están incluidos, pero el Presidente ha dicho que en salud no va a haber límite de presupuesto. Saldrán de los ahorros por eliminar la corrupción y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, los va a asignar. Salud los necesita.

–¿Podría haber cambios para que se obtengan por impuestos especiales a tabaco, refrescos y alimentos industrializados?

–Así va a ser. La iniciativa para modificar la ley está en proceso y la industria debe sumarse.

–La industria se opone al etiquetado de alimentos y bebidas y a la actualización de los impuestos. ¿Debe haber un acto de autoridad?

–Lo tenemos que acordar con la industria. Esta semana me reúno con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, para platicar de estos temas, decirle que todo lo relacionado con salud, como el etiquetado y el IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios) se tiene que mejorar. Se trata de combatir el origen de la diabetes, evitar que los niños consuman azúcar porque la mitad desarrollarán esta enfermedad, cuando al mismo tiempo están desnutridos y tienen talla baja. Y son los que viven en pobreza, en el sureste del país.

–¿Qué tipo de acuerdo puede haber con las empresas que durante años han rechazado políticas de prevención?

–Han sido parciales en sus contribuciones. Pueden dar más si tienen la sensibilidad y reconocen la urgencia del país para hacer frente a las enfermedades y muertes que son causadas por una alimentación deficiente. El etiquetado de advertencia va. Es importante para que la gente disponga de información sencilla y clara para decidir lo que consume. Esto forma parte de un conjunto de acciones que incluye el ejercicio y una política agroalimentaria, entre otros.

–¿Cómo van los convenios con los estados para la federalización de los servicios de salud?

–Han firmado 20. Los otros 12 no están convencidos del proyecto y tampoco hay afinidad con la federación, pero están invitados a un trabajo conjunto. No se deciden por el convenio, como Guanajuato, que trabaja bien su sistema de salud aunque con algunas diferencias, lo mismo que Jalisco.

Pero queremos el cambio. En 15 años el Seguro Popular se quedó atorado y ahora hay un camino claro de cómo cambiar y frenar la burocracia para lograr la integración del sistema de salud.

–¿Le urge la modificación a la Ley General de Salud?

–Sí, me urge porque vamos a poner orden. La reforma es cambio para beneficio de todos. El Seguro Popular tuvo consecuencias graves: se enlistaron enfermedades, se limitó el presupuesto y se pervirtió la acción médica, en algunos casos porque se reportaban enfermedades distintas a las que tenía el paciente con tal de que las pagara el Seguro Popular.

–¿Hay avances en la Cámara de Diputados?

–Queremos que se apruebe por consenso con la convicción de que es lo mejor. Urge porque queremos que el Insabi ya opere, que la Secretaría de Salud (Ssa) recupere la rectoría del sector. A nadie le importaba la Ssa, sino el dinero del Seguro Popular. Es momento de cambiarlo; la gente lo pide.

–Se ve difícil que la Ssa se convierta en el administrador del sistema de salud…

–Hay ese riesgo, pero lo mismo que mantener el sistema actual, con problemas como el de la hepatitis C. Se compraron las nuevas terapias que curan la infección, evitan cirrosis y cáncer, pero no se pueden dar a los pacientes porque la ley actual dice que los hospitales recibirán el rembolso de lo que inviertan en tratamientos. Eso es una desgracia. Está parado, en qué cabeza cabe que esto no pueda mejorarse.. pero así estamos.

–Sobre las medicinas y material de curación ¿Este gobierno ya aprendió a comprar?

–Sí, ha sido un trabajo con la curva de aprendizaje. Hubo acciones no claras ni eficientes. La primera compra no tuvo éxito en comparación con otros años. Influyeron los actores, la industria farmacéutica, cuyos intereses no son nada insignificantes.

–Ya es urgente que empiece el proceso para adquisición de insumos de 2020…

–Ya empezó. Está por salir la convocatoria. Será con el mismo esquema, pero tendremos 10.38 por ciento más dinero que en 2019, casi 100 mil millones de pesos, aunque tal vez no lo gastemos todo, por los ahorros.

–En las giras con el Presidente, ¿qué han encontrado?

–Sólo en los ocho estados del sureste se necesitan 43 mil médicos generales y 22 mil especialistas. No los tenemos. De 55 hospitales que hemos visitado en las diferentes regiones del país faltan 60 equipos de rayos X que van a costar 186 millones de pesos. Ya se van a comprar, así como 35 ambulancias.

–¿Algo le ha sorprendido o ha encontrado algo inesperado?

–En IMSS Bienestar se pusieron las semillas de la atención primaria a la salud y a pesar de los cambios de políticas en los pasados 40 años ha persistido y funciona bien. Como hormiguitas siguieron trabajando. Debe mejorar con más equipos y personal, igual que los centros de salud. Y tienen un sistema conmovedor, los Centros de Atención Rural para Adolescentes han funcionado 20 años y son jóvenes que trabajan con adolescentes en prevención de todas las formas de violencia, los embarazos no deseados, adicciones y obesidad.

Otra son los miles de voluntarios que tiene IMSS Bienestar. Con su trabajo consolidan las acciones con la comunidad. No entiendo que haya tantos, no reciben un centavo, son elegidos en la comunidad y algunos tienen 30 años… ¿de dónde sale eso? Son héroes anónimos.