México carece de un programa nacional en materia de accesibilidad, que beneficiaría no sólo a 7.3 millones de personas en esa condición, sino a casi 63 por ciento de la población nacional, incluyendo a los adultos mayores o con enfermedades crónico-degenerativas, entre otras, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo propuso elaborar una ley general de accesibilidad y reformas a partir de la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio del derecho a la accesibilidad de todas las personas sin distinción alguna, así como la definición de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

En la presentación del Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, explicó que si bien la actual ley general para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad y su reglamento confieren atribuciones al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las acciones que se citan en el reglamento no son lo suficientemente claras, no se han llevado a cabo, no abarcan todos los ámbitos del acceso y no han sido evaluadas para constatar su efectividad, por lo que solicita a las autoridades fortalecerlo. Otra opción sería crear un mecanismo de planeación estratégica que coordine las políticas públicas para las personas con discapacidad mediante recursos humanos, financieros y materiales que permitan contar con la suficiente capacidad de gestión para generar una estrategia nacional.

En nuestro país, la accesibilidad todavía es un concepto que no se ha entendido lo suficiente y que frecuentemente es subestimado o considerado como algo secundario. El colectivo de personas con discapacidad enfrenta, hoy en día, distintas barreras para el ejercicio pleno de sus derechos humanos, entre los que se incluyen los entornos en los distintos ámbitos de su desarrollo y actividades.