Desde septiembre de 2011 comenzó la disputa por territorios en Veracruz, cuando los cuerpos de 35 personas fueron arrojados a un paso a desnivel cercano al recinto donde se realizaba una reunión nacional de procuradores de justicia. Un mes después, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) detuvo a ocho involucrados en esa masacre.

El grupo fue identificado como Los Matazetas, que se transformó en el cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), al cual supuestamente pertenece Ricardo Romero Villegas, La Loca, uno de los presuntos responsable de la muerte de 28 personas en el bar El Caballo Blanco, en Coatzacoalcos.

Los hechos de septiembre de 2011 derivaron en la aprehensión de ocho integrantes de lo que hoy se conoce como el CJNG y con ello el descubrimiento, en octubre de ese año, de 30 homicidios más.

Los marinos catearon inmuebles en el fraccionamiento Jardines de Mocambo, así como en las comunidades Costa Verde y Costa de Oro, donde encontraron –con base en las declaraciones de los sicarios detenidos– 33 cadáveres más. En total suman en dos meses 65 ejecuciones.

Desde ese año Los Matazetas, convertidos en CJNG –que se integró con células que se escindieron de los cárteles de Sinaloa y del Milenio–, comenzaron la disputa por territorios en la zona del Golfo de México contra Los Zetas.

Los Zetas era, por decisión de Osiel Cárdenas Guillén, el grupo dirigido desde el cártel del Golfo encargado de controlar el tráfico de drogas en Veracruz y Tabasco, principalmente en la primera entidad, donde existen rutas de tráfico de enervantes y de migrantes.

En ese contexto, explican autoridades federales, se enmarca la ejecución de 14 personas el 19 de abril de este año en el municipio de Minatitlán, situación en la que también fue asesinado un niño de un año de edad.

Por la masacre de abril de este año, las autoridades señalaron como responsable al líder regional del CJNG, identificado con el sobrenombre de El Lagarto, quien encabezó las ejecuciones ante la falta de pago de cobros de piso.

De acuerdo con informes de funcionarios de la Fiscalía General de la República, el ataque perpetrado contra los parroquianos que se encontraban en el bar El Caballo Blanco también es un caso de extorsión, debido a que además de que los agresores incendiaron el lugar, con saldo hasta el momento de 28 personas fallecidas y varias heridas, el propietario del inmueble se encuentra secuestrado.