Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, obtuvo una suspensión definitiva que impide que por el momento sea detenido para enfrentar las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por el desvío de más de 5 mil millones de pesos.

El juzgado tercero de distrito, con sede en Chiapas, concedió el recurso –en tanto se resuelve el juicio de amparo– para que el Ministerio Público no pueda citar a comparecer, confiscar bienes o judicializar la carpeta de investigación en la que se le imputa haber dirigido la falsificación de firmas y convenios, así como la simulación de contratos con universidades estatales y entes públicos, que derivaron en un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos.

En círculos ministeriales han corrido versiones de que Zebadúa se convirtió en testigo colaborador de la FGR en esta indagatoria, pero no han sido confirmadas por autoridades federales ni abogados de otros coacusados de los desvíos.

El pasado 19 de julio, el ex funcionario solicitó la protección de la justicia federal, ya que el Ministerio Público (MP) cometió la omisión de dar acceso a constancias y confiscación de bienes, la cual tiene su origen en la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales (no contiene norma vinculante que imponga al MP la obligación forzosa de notificar al imputado la acusación o imputación formulada en su contra).

Zebadúa González, quien fue el oficial mayor de la Sedesol y Sedatu cuando las encabezó Rosario Robles Berlanga, fue el principal responsable en el operativo de suscribir los convenios irregulares.

Así consta en el auto de vinculación a proceso dictado contra Robles Berlanga por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de distrito especializado en el sistema acusatorio, donde se menciona que María del Rosario sabía que al no dar aviso o no evitar la suscripción de convenios en las mismas condiciones, continuaría un daño al patrimonio de las dependencias a las que representó.