El equipo de abogados de Rosario Robles Berlanga solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) aplicar medidas cautelares para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a su defendida privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento arbitrario por parte del Estado mexicano.

También pidió tomar en cuenta que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) enfrenta una situación especialmente grave, ya que la tienen detenida de forma arbitraria, en ausencia total de datos de prueba que justifiquen la prisión preventiva y declarando dogmáticamente que hay riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, cuando su conducta procesal y el cúmulo de pruebas aportadas demuestran exactamente lo contrario.

Este martes, la defensa legal de de la ex funcionaria presentó una denuncia contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ante la Coridh, en Washington, al considerar que actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa en su contra.

Por separado, el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, rechazó conceder una suspensión provisional a Robles Berlanga, quien tramitó una solicitud de amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las aseguró al ser imputada como presunta responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público y de causar daño patrimonial al erario federal por más de 5 mil 73 millones de pesos.

Será hasta el próximo 2 de septiembre cuando la juez en materia administrativa, Blanca Lobo Domínguez, determine si concede o niega la suspensión definitiva.

Ayer martes, Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa, en compañía de Xavier Olea Trueheart y Magin Puig –este último reside en Washington– se presentó en la sede de la Coridh para interponer la denuncia contra el Estado mexicano, en especial contra el juez Delgadillo Padierna por violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal.

En un comunicado, los defensores manifestaron que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de derechos humanos es irreparable, lo que se traduce en que grave afectación sobre sus derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Hernández Barros y Olea Trueheart pidieron al organismo internacional emitir la recomendación correspondiente a las autoridades que resulten responsables por la violación a las garantías fundamentales de su defendida y conceder, con la urgencia que el caso amerita, las medidas cautelares que se solicitan, tomada consideración de que Robles Berlanga se encuentra indebidamente privada de su libertad.