Los amparos promovidos por distintas agrupaciones en contra de la contrucción del nuevo aeropuerto internacional en la base aérea militar de Santa Lucía, más que el cuidado del medio ambiente, tienen una motivación política, acusó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, exhortó al Consejo de la Judicatura Federal dar a conocer las sanciones contra jueces, magistrados o ministros.

A ocho días de elegirse la mesa directiva que habrá de conducir los trabajos en la Cámara de Diputados –durante el segundo año de la 64 Legislatura–, Porfirio Muñoz Ledo, presidente en funciones, perfiló que existe amplio consenso en San Lázaro entre los representantes de Morena para que esa fuerza siga gobernando el órgano legislativo.

El gobierno federal reconocerá e incentivará a las empresas que contribuyan a combatir la corrupción, mal que cuesta a México entre 5 y 10 por ciento del producto interno bruto. Esas gratificaciones se brindarán a través del registro en el Padrón de Integridad Empresarial impulsado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La diputada morenista Dolores Padierna defendió la actuación del juez Felipe Delgadillo –su sobrino—en la investigación contra Rosario Robles, al destacar que tiene una trayectoria impecable y prístina, y forma parte de una generación de juzgadores que se hicieron de un puesto mediante concursos de oposición y al estudiar carreras especializadas.

La investigación contra Rosario Robles es un ejemplo de justicia abierta, pues en sus audiencias fue posible saber por qué se le vinculó a proceso y se aprobó la medida cautelar que la tiene en prisión. Así lo dijo José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien destacó que al abrir los datos de la indagatoria, se elimina la posibilidad de juicios paralelos de la ciudadanía, que expresa su opinión sin tener elementos de acusación.

Alejandro Moreno Cárdenas, recién elegido presidente del Partido Revolucionario Institucional, se reunió ayer con la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, según informó la propia funcionaria en un mensaje de su cuenta de Twitter.

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados exigió a la Secretaría de Gobernación y a la comisión especial en la materia, nombrada por el Presidente de la República, atender el fenómeno migratorio con una política de Estado y discutir a la brevedad el presupuesto suficiente para atenderlo de forma integral.

Un grupo de organizaciones no gubernamentales envió una carta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, para solicitar la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento adecuado, efectivo y que contemple la participación de la sociedad civil para la correcta aplicación de las recomendaciones hechas por diversos organismos internacionales de garantías fundamentales.

La organización civil Las Abejas, de Acteal, Chiapas, demandaron al gobierno federal reconocer que la masacre del 22 de diciembre de 1997 en esa comunidad se dio en un contexto de una política de Estado en contra de los pueblos indígenas y del EZLN.

El Tribunal Superior de Justicia de Chiapas tiene la oportunidad establecer un antecedente de no impunidad y vincular a proceso a dos policías ministeriales que detuvieron arbitrariamente y torturaron a un indígena tsetal en mayo de 2015, y con ello avanzar en el respeto a los derechos humanos, en la reparación del daño a la víctima y garantizar la no repetición de esos abusos contra los pobladores de comunidades originarias.