Un grupo de organizaciones no gubernamentales envió una carta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, para solicitar la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento adecuado, efectivo y que contemple la participación de la sociedad civil para la correcta aplicación de las recomendaciones hechas por diversos organismos internacionales de garantías fundamentales.

En el texto, organizaciones como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez y De la Montaña Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se refieren a recomendaciones hechas al Estado mexicano en materia de garantías económicas, sociales y culturales; contra la tortura; desapariciones forzadas y feminicidios.

En los últimos años, México ha sido examinado por diversos órganos, mientras emisarios de la Organización de Naciones Unidas han venido al país, los cuales solicitan seguimiento puntual de recomendaciones prioritarias con plazos para su cumplimiento.

Pese a lo anterior, nos preocupa que al momento no tengamos conocimiento sobre las medidas que emprende el Estado mexicano para acatar dichas recomendaciones conforme a los tiempos definidos por los comités, señalan.

Ante ello, solicitaron también una mesa de diálogo con la SRE y la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, a cargo de Martha Delgado.

En el texto se presenta un breve recuento de dichas recomendaciones, entre las que se encuentra la del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el cual sugiere una investigación, seria y diligente de las masacres contra personas en situación de movilidad en los estados de Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012.

También hace referencia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo que recomendó la adopción de medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra los defensore de las garantías fundamentales.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha sugerido la tipificación del delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En tanto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recomendó a México reconocer su competencia, a efecto de recibir y examinar comunicaciones presentadas por las víctimas, sus familiares o representantes.

También sugirió que acepte definir las modalidades para la visita a México del comité, según el artículo 33 de la convención, comunicada y reiterada desde 2013.