Mexicali, BC., El Congreso de Baja California aprobó, con los votos de Morena y aliados, instalar una comisión especial que organizará una consulta pública para que la ciudadanía decida si la duración de la próxima gubernatura, que encabezará el morenista Jaime Bonilla a partir del próximo primero de noviembre, será de dos o cinco años.

La decisión provocó el rechazo de las dirigencias de PAN y PRD, así como de Jaime Martínez Veloz, ex candidato a la gubernatura por el segundo partido, ya que se trata de una medida que no tiene sustento legal y sólo trata de legitimar la llamada ley Bonilla que amplió el mandato de manera anticonstitucional.

La titular de la Junta de Coordinación Política, Monserrat Caballero (Morena), advirtió que el resultado del ejercicio será un mandato para el Congreso y que el financiamiento podría provenir de ciudadanos, partidos políticos y organizaciones sociales.

La comisión especial se aprobó por mayoría calificada, al contar con los votos de 13 legisladores de Morena, dos del PT, uno del PVEM y otro de una diputada independiente; se registraron siete sufragios en contra de PAN, PRI, MC, PRD, y el Partido de Baja California, de registro estatal.

Abogados consideraron que es improcedente dicho ejercicio, pues el artículo 73 bis 7 de la Ley de Participación Ciudadana establece que no podrán ser objeto de consulta popular la materia electoral, los ingresos, egresos o el régimen interno y de organización de la administración pública del Estado, la seguridad pública, los actos de expropiación o limitación a la propiedad particular.

Recordaron que la única instancia para efectuar dicho ejercicio es el Instituto Estatal Electoral de Baja California, el cual tendría, de acuerdo con la ley, un plazo de 30 días para organizarlo, tras su aprobación en el Congreso. Estimaron el costo en 19 millones de pesos.

Martínez Veloz recordó que la ley Bonilla será dirimida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y calificó la consulta de una jalada.

A su vez, Eloí Vázquez, dirigente nacional del PRD, externó que cualquier consulta sobre un gobierno electo es extemporánea y tendenciosa, con el único ánimo de buscar legitimar una decisión anticostitucional.

José Luis Ovando, dirigente del PAN en el estado, consideró una aberración y una payasada el ejercicio aprobado, pues no está soportado en ninguna ley.

(Con información de Georgina Saldierna)