El diferendo en las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre el diálogo con los grupos de autodefensas es muestra de que la administración federal no cuenta con una estrategia clara y definida en materia de seguridad, señalaron defensores de derechos humanos.

Consideraron que el contrasentido en las afirmaciones de los funcionarios hace sentir que las políticas son de ocurrencias, lo que es precupante para el país.

Édgar Cortez, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, dijo que esa discrepancia refleja que la política de seguridad del gobierno federal carece de los mismos parámetros y expectativas entre dos de las principales oficinas de la administración pública.

Eso es muy preocupante. Creo que seguimos sin tener una estrategia clara y definida en la materia. Eso corre el riesgo de transformarse en una política de las ocurrencias, pues uno, en este caso la secretaria, dice una cosa, y el Presidente tiene una idea distinta.

Cortez alertó sobre el peligro que representa que el gobierno federal carezca de una idea compartida en la materia, sobre todo porque la seguridad es uno de los déficits de la política pública.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que se debe diferenciar entre los grupos de autodefensa, a los que se refería Sánchez Cordero, y los grupos armados de la delincuencia, a los que el Presidente hizo mención.

En el caso de los primeros, consideró que es necesario establecer acercamientos para su desarme y la distensión de los conflictos, cuyos acuerdos se transparenten hacia la sociedad. El otro punto corresponde al gran bloque de grupos armados vinculados a la delincuencia, a los que el mandatario alude, con los que el diálogo puede ser mediante la justicia y para llegar a la verdad de las violaciones a derechos humanos.

“Todas las acciones tendentes a la entrega de armas o de información necesaria para dar con el paradero de los desaparecidos y ejecutados abonan de manera importante a la construcción de la paz, pero toda esa información debe entregarse a los familiares de las víctimas y a ellos corresponde valorar si con esas acciones se sienten resarcidos, reparados, y con ello se podrían llevar a efecto procesos de amnistía al estilo de los tribunales de Ruanda”.