La organización civil Las Abejas, de Acteal, Chiapas, demandaron al gobierno federal reconocer que la masacre del 22 de diciembre de 1997 en esa comunidad se dio en un contexto de una política de Estado en contra de los pueblos indígenas y del EZLN.

Para ello, será necesario que se reconozca la responsabilidad intelectual de esos hechos –que dejaron 45 indígenas tseltales asesinados, la mayoría mujeres y niños– del ex presidente Ernesto Zedillo; los secretarios, en esa época, de Gobernación, Emilio Chuayffet, y de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes; el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz, y otros ex funcionarios federales y estatales.

Así lo informó, durante una conferencia ofrecida ayer a las afueras de Palacio Nacional, Patrocinio Hernández, vocero de Las Abejas, quien indicó que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acepta reconocer lo anterior, se puede llegar a un acuerdo de solución amistosa en el litigio que la organización civil mantiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado.

Enfatizó que la masacre está en la impunidad, pues el 12 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó y liberó a un gran número de paramilitares confesos y sentenciados por su participación en los crímenes. Y aun cuando esas personas ahora se pasean libres por la comunidad de Acteal, Las Abejas no buscan venganza, sino verdad y justicia, por lo que un año después llevaron el caso ante la CIDH, que lo admitió a trámite.

Como parte de las negociaciones con el gobierno federal para alcanzar un acuerdo de solución amistosa –que es parte de los procesos de la CIDH–, Hernández informó que se han reunido en varias ocasiones con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

“Hemos avanzando en presentar y revisar nuestra propuesta –de señalar a los ex funcionarios como responsables intelectuales–, pero aún no alcanzamos acuerdos concretos porque el Estado mexicano continua valorando las medidas de reparación integral que establece el sistema interamericano en caso de crímenes de lesa humanidad, como la masacre de Acteal”. Remarcó que esos crímenes no fueron producto de un conflicto intercomunitario e interreligioso, “sino de una política de Estado contra las comunidades y el Ejército Zapatista.