Empleados del IMER, preocupados por probables despidos

omos un grupo de trabajadores por honorarios del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), preocupados ante lo que podría significar la pérdida de nuestro trabajo. Muchos de nosotros, con una antigüedad laboral de más de 30 años, participamos en varios programas para que nuestros ingresos brutos superen apenas los 10 o 12 mil pesos mensuales, aunque los más contamos con un ingreso de ocho mil pesos, menos impuestos, además de cinco por ciento como personas físicas. No tenemos ninguna prestación laboral. Como titulares de programas radiofónicos debemos hacer investigación, escribir el guión, coordinar y preparar entrevistas y conducir los programas en vivo. Por lo anterior pedimos se revise nuestra situación. Pensamos que al votar por el cambio verdadero mejoraríamos. Hasta 70 por ciento de las producciones del IMER las hacemos personal en las condiciones descritas.

ucedió en el entonces Distrito Federal hace más de tres décadas: alguien esgrimió aquella famosa frase “fuera de México todo es Cuautitlán…” y un ilustre saltillense todavía agregó: y más allá está Coahuila.

éxico ha sido hasta ahora un país profundamente inequitativo, proceso que se agudizo en los pasados 36 años de gobiernos neoliberales. En menos de 200 municipios se concentran más de 90 por ciento de las inversiones en infraestructura, así como de la producción industrial y de servicios, mientras en el resto del territorio nacional la pobreza se hace visible para quienes la recorren de manera cotidiana, sin embargo dentro de esas regiones existen comunidades más pobres aún, en las que el ingreso medio de las familias no llega ni siquiera a los niveles del salario mínimo. A los municipios a los que pertenecen la mayor parte de esas comunidades, se les considera como ayuntamientos de alta marginación. Aunque éstos se encuentran en todo el país, principalmente en las sierras y zonas desérticas, la mayor parte corresponde a estados del sur y sureste, incluyendo a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

ace 25 años un ejército popular se levantó en armas contra un futuro de privatización de sus tierras, alzó la bandera de la autonomía, creó juntas de gobierno comunitario y todo un sistema educativo propio. Su rebelión convocó a crear una resistencia nacional de los pueblos y desde las instituciones contra lo que venía. Las universidades, sin embargo, permanecieron indiferentes y hasta asumieron como suya la tarea de impulsar la visión empresarial de la globalización. En lugar de redes de investigación interactuando con las necesidades de conocimiento de comunidades del país y de otros procesos sociales, miraron hacia las grandes empresas. En nombre del desarrollo de la ciencia y la innovación, en los hechos se planteó que la interacción universidad-sociedad y la contribución a la solución de los problemas nacionales (leyes orgánicas) debía darse mediante el mejoramiento de la economía y por tanto, de las empresas. Y así, hemos pasado de algún proyecto que en los 90 ligaba a la universidad mexicana con la industria estadunidense encargada de desarrollar tecnología militar, a lo que hoy es una tupida red de compromisos. Así, un sólo campus de una universidad pública tiene acuerdos con entidades gubernamentales (Conacyt), pero sobre todo con empresas: Loyd´s London, Energéticos para Alimentos Balanceados, Empresas Frisco, Compañía Minera Escondido, Distribuidora de Gas Natural del Edomex., Centro Mexicano de Desarrollo e Investigación Farmacéutica, Celanese Mexicana, Mitsuba Trading Co., Dinámica de Desarrollo Agroindustrial del Trópico, Condumex, Grupo Cydsa, Resistol, Sintex, Raychem Corporation, Tetraetilo de México, International Business Machines (IBM) y otras, además de la International Foundation for Science, Japanese International Cooperation Agency, Ford Foundation. La explicación fundamental que dan los universitarios de este auge en la comercialización de servicios universitarios es el dinero. Las empresas están dispuestas a aparecer como benefactoras de la institución educativa, porque les da acceso a grupos universitarios de alta especialidad –docentes y estudiantes de posgrado–; una ventaja importante sobre sus competidores: resolución de problemas, generación de nuevos productos y servicios en un mercado muy exigente para así –dicen expresamente– obtener una mayor riqueza. Y están dispuestos a invertir importantes sumas. Entre el dinero público y de empresas por concepto de convenios, la universidad pública recibía (además del subsidio regular) un estimado de 3.5 mil millones de pesos cada año la mayor parte para insumos de investigación, no muy visibles, por cierto, en el presupuesto institucional. Además, los universitarios involucrados en la dirección de tesis de posgrado cuyo contenido interese a las empresas reciben de ellas un pago especial adicional a sus salarios y estímulos académicos institucionales. Hasta existe ya la figura de programa de posgrado exclusivo para una empresa que se desarrolla en las propias instalaciones de la compañía. De esta manera el quehacer académico puede reorientarse a otros destinatarios. Y a un costo muy bajo porque el gasto fuerte en investigación –los salarios del académico– proviene de recursos públicos. Cada investigador cuesta a los contribuyentes alrededor de un millón de pesos al año (salario, beca del SNI, prestaciones, estímulos, pagos al IMSS o Issste), y con sólo un grupo de ellos que se dedique a los temas de una empresa, ésta recibe un subsidio implícito de varios millones de pesos en dinero público. Esta situación se ha justificado tradicionalmente con un discurso que considera perfectamente válido que la relación universidad-sociedad esté mediada por el beneficio a una empresa. El desarrollo del conocimiento tiende así a depender de la visión y necesidades de un muy pequeño sector de la sociedad y la economía del país.

urante la campaña electoral brasileña, fue muy difundido un anuncio titulado O mito chegou, o Brasil acordou (El mito llegó, el Brasil despertó).