uchas son las interrogantes sobre los megaproyectos anunciados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, especialmente el Tren Maya y el corredor transístmico. Muchas más son las expresiones de oposición de comunidades y organizaciones de pueblos indígenas, así como de organizaciones ambientalistas y otras de la sociedad civil.

Es como mínimo curioso que no exista información pública objetiva, detallada y accesible sobre esos proyectos, particularmente para las comunidades que serán afectadas, pero también para el público en general. Los datos oficiales de dominio público son superficiales y predomina los de corte propagandístico. No existe un sitio donde los proyectos estén descriptos en detalle y se puedan consultar sin tener que asistir a un acto oficial. A esta luz, es sorprendente que ya estén incluidos en el presupuesto nacional, al parecer como actos de fe, ya que la información es muy general y no pública, pero el dinero sí es público. Además, cualquier avance de esos proyectos estará en violación de varias leyes y tratados, incluyendo el derecho a consulta previa y a otorgar o denegar consentimiento por parte de pueblos indígenas y campesinos, así como la obligación de realizar y colocar a disposición del público estudios previos de impacto ambiental, y que solamente si son ecológicamente viables podrían ser considerados.

Pese a esta falta de información, los cuestionamientos a esos proyectos son respondidos por sus promotores atacando o descalificando a los que tenemos una posición crítica. A menudo, en el mismo acto, funcionarios oficiales u oficiosos del gobierno se sacan de la manga informaciones que ellos sí dicen conocer sobre los proyectos y que al parecer van adecuando a cada situación.

Podría uno preguntarse por qué si no hay información disponible públicamente, ya existe tanta oposición. En parte, porque esos proyectos no son nuevos. Desde Zedillo, al gobierno actual, pasando por el de Peña Nieto y anteriores, ya existían proyectos similares, como el corredor transoceánico del istmo de Tehuantepec y el Plan Puebla Panamá, que pusieron en alerta a las comunidades.

Se trata de proyectos de desarrollo sobre tierras y territorios indígenas y campesinos, pero no según lo que estos pueblos quieren y proponen, sino según lo que instancias fuera de los pueblos consideran que sería desarrollo y teóricamente bueno para ellos. Por lo que se anuncia, con una visión convencional de desarrollo capitalista, promoviendo más comercio nacional e internacional, explotación minera, energética, maderera, turística y de desarrollo agrícola industrial. En cualquier caso, una visión desde arriba y desde afuera que –en la mejor interpretación– no tiene en cuenta las propuestas de las propias comunidades y pueblos indígenas para sus territorios y que en muchos casos las sabotea o impide.

Parte de la oposición a esos proyectos se debe a los impactos ecológicos que implican por su trazado sobre bosques, ríos, ecosistemas únicos y otras afectaciones al medio ambiente, naturaleza, territorios y recursos de los pueblos. Adicionalmente, en ambos proyectos los impactos indirectos, tanto sociales como ambientales, serían peores aún que los directos.

Por ejemplo, no se trata solamente de si el Tren Maya interrumpe el territorio del jaguar, frente a lo que los iniciados responden que la carretera actual ya lo hace –aunque esto sea sólo parcialmente cierto, ya que el trazado anunciado atraviesa el corazón de importantes áreas protegidas, donde actualmente no hay carretera.

El tema es que, incluso en las zonas donde ya existe carretera, la propuesta se dirige a aumentar las actividades de carga, transporte de pasajeros y hotelería turística, lo cual, por un lado, podría mantener o aumentar el tránsito carretero existente, pero, sobre todo, ampliará el área de impacto mucho más allá de la zona de tránsito directo.

La existencia de salidas por vías ferroviarias facilitaría también el avance de otras actividades, muchas de las cuales las comunidades de la península han estado combatiendo, desde deforestación, pecuaria y monocultivos industriales hasta parques eólicos o solares. Tal como explican las comunidades de la península que lograron detener con una sentencia legal el proyecto Aspy (Acuerdo de sustentabilidad para la península de Yucatán), que diga verde o sustentable no quiere decir que no sean megaproyectos de lucro o de beneficio de grandes trasnacionales conservacionistas, que dañan los territorios y desplazan a las comunidades. (https://tinyurl.com/y6wqvq26)

Es básico que comunidades y pueblos indígenas y campesinos deben ser consultados porque es su derecho, tal como establece Naciones Unidas, y que dicha consulta debe ser de buena fe, con las formas de los propios pueblos, libre, culturalmente adecuada, y que puedan dar o negar su consentimiento a estos proyectos que impactarán sus territorios. Más importante aún es que antes de imponer esos procesos, en los cuales incluso la consulta puede ser un factor de conflicto y división, se escuche a los pueblos sobre lo que ellos mismos piensan es necesario para sus territorios y culturas.

* Investigadora del Grupo ETC