nte la denuncia presidencial respecto de los señalados robos a la nación por concepto del hurto multimillonario en gasolinas y diésel a Pemex, el cual ha alcanzado cifras no imaginadas que, según lo dicho, están en franco proceso de reducción en lo que va de la naciente administración federal –eso es plausible, pero, atendiendo a lo dicho, 80 por ciento de estos delitos se han cometido desde los más altos niveles, y con el llamado huachicoleo solamente 20 por ciento– se impone una rectificación por parte del Poder Ejecutivo para que se aplique todo el peso de la ley a los responsables –sean de las dependencias y de los niveles que sean.

En caso de confirmarse las denuncias, esos delitos no deben quedar impunes, caiga quien caiga, sin importar el sexenio en que se hayan desempeñado. El Presidente de la República dijo que no se someterá a juicio a quienes delinquieron en el pasado, y la verdad es que eso no es correcto, porque no contribuiría al combate frontal de la corrupción y de la impunidad, como se ha prometido.

Omitir o evitar la acción penal en cualquier caso, sería un error de la 4T. No debe perdonarse la corrupción, del pasado, del presente ni del futuro, ya que junto con la impunidad se trata de dos de los principales flagelos que padece la sociedad mexicana. La propuesta de combatir estos cánceres sociales es universal, y en nuestro país tiene el respaldo mayoritario de la población, que es honrada.

Hay hartazgo en la sociedad a causa de los abusos que malos gobernantes y funcionarios –surgidos de diferentes partidos políticos–, le han causado, destacando la corrupción y la falta de aplicación de la ley para castigarla, evitarla o al menos disminuirla.

Lamentablemente, la corrupción no tiene partido político, gobierno ni país, pero si se actúa con inteligencia y con energía podrá corregirse, con firmeza y con determinación, de manera preventiva y coercitiva; si se cuenta con una moral pública basada en principios y en actitudes de honradez, y sustentada en valores de justicia y rectitud, que deben ser enseñados desde la infancia y la adolescencia, tanto en las aulas como en el hogar.

Pero si en los hechos se tolera la corrupción y no se aplica todo el peso de la ley para castigarla –por el prurito de no alterar la armonía y la unidad y por demostrar que no hay venganzas políticas–, se estará empezando mal, con tolerancias y contubernios injustos e ilícitos que darían mucho en qué pensar, por la sospechosa omisión para combatir semejantes flagelos; automáticamente se estaría incurriendo en impunidad y se prohijaría la burla de quienes ciertamente fueron corruptos, ya que una minoría que se ha enriquecido robándole a la nación, estará libre y a salvo, riéndose de las autoridades y de una mayoría que actúa con honradez y con apego a las leyes.

Es plausible que se combatan la corrupción y la impunidad, pero es criticable y digna de una sensata rectificación presidencial la determinación inicial en el sentido de que no se actuará contra quienes delinquieron en administraciones anteriores; cuando, por otro lado, el mismísimo Presidente de la República ha expresado y acusado que los robos a Pemex vienen desde arriba, y esa expresión –que es vaga e imprecisa– es comprometedora y ofende a los que actuaron con honradez y que no incurrieron en ilícito alguno.

En apego al derecho a la información, y por el bien de la colectividad y de los servidores públicos de alto nivel y de los trabajadores que han tenido desempeños honestos y capaces, deben especificarse las denuncias, señalarse los nombres de los presuntos culpables y aplicarse la ley con rigor.

López Obrador dijo que todos los ex directores generales de Pemex que colaboraron con los cinco últimos ex presidentes de la República –también señalados–, tienen responsabilidades en los delitos ocasionados por el robo de hidrocarburos, pero no proporcionó nombres, y así la denuncia está incompleta.

Ignoro las razones del silencio que han guardado los funcionarios aludidos, aunque de manera indirecta. Mi propuesta atenta es que debe actuarse con apego a derecho, mostrando con certeza y con valor los nombres de quienes delinquieron, teniendo las pruebas contundentes para aplicar la ley, sin distingos. Quien acusa está obligado a probar, y el acusado tiene derecho a defenderse.

Personas honradas y corruptas las hay en todas partes. No hay necesidad de hacer una consulta para que el público diga si desea que se enjuicie o no a los responsables. Ciertamente, no debe actuarse con espíritu de venganza, pero debe aplicarse la ley sin omisiones y sin distingos. Nada por encima de la ley, como decía nuestro máximo prócer, Benito Juárez.

Que no paguen justos por pecadores. Pugnemos por erradicar la corrupción y para que no haya lugar a la impunidad; de ayer, hoy, mañana y siempre.