espués de seis años de un contexto áspero para la movilización, la crítica y la protesta social, llegamos a 2019. Lo que aconteció en el sexenio pasado ya no puede suceder en los próximos seis años: limitaciones y agresiones contra las personas y grupos que protestan y manifiestan sus inconformidades y propuestas de cambio mediante diversas formas.

Para los movimientos progresistas y de defensa de los derechos humanos el espacio público se convierte en lugar idóneo para debatir los principales problemas de la nación. Si bien es cierto que las redes sociales, con sus llamadas tendencias, hoy hacen contrapesos en la opinión pública, también es verdad que, por mucho, las movilizaciones sociales en las calles tienen cargas simbólicas y políticas que convocan a una amplia diversidad de grupos en México.

Durante las protestas se hace, además, un fuerte ejercicio de concientización sobre los problemas del país, e incluso a escala mundial. En las protestas se construyen y forman también sujetos sociales que se hacen cargo de la realidad.

Los espacios públicos se han visto en la historia como una especie de ágora en la que se dirime sobre el bien común y se visibilizan las causas y exigencias que de lo contrario no son tomadas en cuenta. Con más dificultad hoy, si no se cuenta entre las posibilidades el acceder a herramientas y medios que generan trending topics en redes sociales. El derecho a la protesta debe por ello seguirse reivindicando y ejerciendo sin menoscabo alguno. Y debe ser ejercido por aquellos grupos que han sido históricamente excluidos y discriminados.

La protesta social ha sido en efecto cultivada por los de abajo; vamos, por quienes enfrentan la opresión en todas sus formas: capitalista, patriarcal, colonial y otras maneras de dominación. Esto es lo que aborda el reciente informe del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), una articulación de organizaciones sociales de derechos humanos que ha dado cuenta de los abusos cometidos por las autoridades en contextos de protesta.

En su informe El sexenio de la resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018 (disponible en: https://bit.ly/2GlYGWL) se narran, con enfoque de derechos humanos, y bajo una documentación sobre el comportamiento de gobiernos frente a las manifestaciones, algunas historias de movimientos sociales y sus protestas en el sexenio pasado.

Sin duda el cambio de gobierno el primero de diciembre de 2012 fue un parteaguas. Vinieron después varios años de represiones a manifestantes: fueron golpeados jóvenes y personas adultas mayores, hostigadas e incluso supimos de casos en los que la niñez estuvo involucrada, como fue el caso del menor de edad que recibió un impacto de bala en Puebla. Vimos, asimismo, cómo se agredió a colectivos y comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios, agua, y bienes comunes. Atestiguamos cómo se violentaron directamente derechos de mujeres que recibieron agresiones o amenazas de tipo sexual. Conocimos de la violencia que enfrentaron personas del grupo LGBTI, como el caso de mujeres trans violentadas en sus derechos cuando protestaban por el asesinato de una de sus compañeras. Quienes entonces gobernaban no se detuvieron con sus agresiones ni en las marchas multitudinarias por la presentación con vida de los jóvenes de Ayotzinapa. Nunca olvidaremos el 8 y 20 de noviembre de 2014, cuando en Ciudad de México los ahora extintos grupos de granaderos arremetieron brutalmente contra la población. No olvidamos tampoco que durante el sexenio anterior resistimos contra el maltrato y la estigmatización de los que fueron objeto movimientos y organizaciones sociales, así como defensores de derechos humanos y periodistas, cuyo único propósito es trabajar por un país más digno y en paz. Para ello también usamos el derecho a protestar. Decimos lo que pensamos, y trabajamos organizándonos colectivamente. El Informe del Fleps es una especie de línea base para el nuevo gobierno. Esto que ocurrió, no puede volver a suceder. Y reafirma la urgencia de transitar hacía otro modelo de seguridad, tan urgente hoy en México. La protesta social es una expresión de sociedades politizadas, que ante la ausencia de debate público y participación social efectiva, toman las calles y levantan la voz ante la discriminación, la injusticia, y la exclusión de los más pobres, con amplios criterios éticos. No es oportuno que en México y el mundo dejemos de usar las calles para expresar nuestras más genuinas necesidades de cambios de raíz que posibiliten el ejercicio de derechos. Las transformaciones se originan desde quienes habitamos o transitamos por determinado territorio. Si no hay crítica y participación eficaz, difícilmente podremos avanzar hacía un cambio de régimen. La protesta social, la crítica constructiva y las propuestas alternativas son vehículos por medio de los cuales podemos también emprender ese viaje hacia una transformación efectiva.