ras la reunión que sostuvieron ayer en la sede de la cancillería peruana, los miembros del Grupo de Lima, compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, emitieron una declaración con la finalidad central de desconocer la legitimidad del nuevo mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Además, el bloque integrado a instancias de Washington para impulsar el derrocamiento del régimen bolivariano urgió a la comunidad internacional a desconocer a Maduro, así como a negar cualquier ayuda financiera o militar a la nación caribeña, y exhortó a la Corte Penal Internacional para que acelere la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. México, pese a ser miembro fundador del grupo, marcó un viraje en su papel dentro del mismo al rechazar la firma de la declaración injerencista.
El encuentro supuso la primera prueba de envergadura para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el ámbito de la diplomacia latinoamericana. Cabe recordar que en el último tramo de su sexenio el ex presidente Enrique Peña Nieto y su canciller, Luis Videgaray Caso, emprendieron un asalto sin cuartel contra la tradición diplomática mexicana, basada en el principio de no intervención y en el irrestricto respeto ante los asuntos internos de los Estados. Si esta doctrina, que durante décadas brindó prestigio y reconocimiento a la diplomacia nacional, ya había sufrido duros y en ocasiones bochornosos golpes durante las administraciones federales panistas, el afán peñanietista de congraciarse con la Casa Blanca de Donald Trump llevó a la vergonzosa claudicación de la política exterior mexicana, lo cual amenazó con hacer del país un mero satélite de Washington.
Debe reconocerse que en una ocasión tan delicada y de tan trascendentales consecuencias el mandatario entrante instruyera al cuerpo diplomático, por conducto del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, a que honrara su compromiso de campaña de recuperar lo mejor de la política exterior y frenase la abyección que la marcó en los recientes lustros. En este sentido, el rechazo a cualquier mecanismo que no privilegie el fomento de la paz y el diálogo entre los venezolanos es un ejemplo del papel que la comunidad internacional debe cumplir si desea involucrarse en la situación que atraviesa esta nación.
En deplorable contraste, la postura de la casi totalidad de los países latinoamericanos muestra la preocupante hegemonía de regímenes de derecha y ultraderecha, caracterizados por sus vínculos directos –incluso de sangre– o su defensa abierta de las dictaduras militares que en la última mitad del siglo pasado asolaron a la región, por su agresiva defensa de los intereses oligárquicos y por su predisposición a someterse ante el poder estadunidense. En la coyuntura actual, la voluntad de dichos gobiernos para impulsar sin tapujos el golpismo contra uno de sus pares desnuda la miseria ética de las derechas e invalida cualquier pretensión de defensa de la democracia que pretendan arrogarse.
