Al modificar la sustancia de los artícu­los 25, 27 y 28 de la Constitución, con la reforma energética concretada el miércoles en la Cámara de Dipu­tados, el gobierno pasa por alto diversos ordenamientos legales e incluso convenios internacionales firmados por México, donde se establece que los recursos naturales de un país deben utilizarse siempre en beneficio del interés público. Así lo afirmó Gustavo Martínez, integrante de la organización Mexicanos Unidos, que ya interpuso una demanda de amparo, con el fin de frenar la puesta en marcha de una iniciativa a la que calificó como inconstitucional y antinacional. Ni el titular del Ejecutivo ni el Congreso, explicó, tienen facultades legales para alterar la esencia de los tres artículos mencionados; la misma Carta Magna, en su artículo 135, establece que sólo pueden adicionarse o reformarse las disposiciones legales relativas a la propiedad estatal de los hidrocarburos, pero no cambiarse en lo fundamental.

En el quinto informe del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el proceso de conformación de nuevos partidos políticos, se destaca que hasta ahora sólo Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha acreditado el requisito mínimo de realizar al menos 20 asambleas estatales, al haber organizado ya 23 en todo el país. En tanto, Encuentro Social, que optó por las asambleas distritales, ha celebrado 166 de las 200 mínimas requeridas.

Apizaco, Tlax., Mujeres de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala marcharon sobre las vías del ferrocarril en el municipio de Apizaco para exigir que se retiren los postes de concreto colocados por la empresa Ferrosur, por considerar que son un crimen para los migrantes cuando descienden del tren. Alrededor de 40 madres que recorren el país en busca de sus hijos desaparecidos durante su trayecto a la frontera norte para cruzar a Estados Unidos, recorrieron el tramo ubicado enfrente del albergue La Sagrada Familia, donde descansaron tras el viaje del Distrito Federal a esta entidad. Varias tomaron un pico y un martillo para golpear las barreras en que decenas de centroamericanos se han impactado al bajar de La Bestia, y en protesta porque hasta ahora las autoridades no han respondido a su demanda.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha enfrentado dilaciones que van de siete a 10 días para que jueces federales concedan autorizaciones para intervenciones telefónicas en casos de secuestro.

Hasta la fecha no se tiene confirmación de que dos de los cuerpos encontrados en una fosa clandestina en La Barca, Jalisco, sean de soldados del Ejército Mexicano. Fuentes castrenses señalaron lo anterior y aseguraron que se llevan a cabo diversos exámenes a los cuerpos para comprobar su identidad.