La noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció a la nación la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Resolvió así, un intenso diferendo entre el Estado mexicano y las empresas inglesas, estadunidenses y de los Países Bajos.

El origen de este conflicto fue la negativa de los empresarios extranjeros a reconocer los derechos laborales de los trabajadores petroleros y su desafío a las leyes mexicanas. Rebelándose en contra de un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, las petroleras, se negaron a firmar un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, así como el pago de 26 millones de pesos en salarios caídos, de la huelga realizada entre el 31 de mayo y el 9 de junio de 1937.

Meter orden

El presidente Cárdenas denunció que estas empresas buscaban lesionar seriamente los intereses económicos de la nación y hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Y, para meterlas al orden, decretó expropiarlas.

Cinco días después, el 23 de marzo, miles de ciudadanos de todos los estratos sociales efectuaron una enorme manifestación de apoyo, y donaron dinero y bienes para sufragar la indemnización a las compañías confiscadas. Las imágenes que reproducimos en estas dos páginas, dan cuenta de cómo la prensa de la época registró la movilización popular de adhesión a la expropiación y convocó a la recaudación de fondos para resarcir a los afectados.

La defensa popular de la expropiación petrolera, es uno de los grandes episodios de la historia mexicana en el Siglo XX. Es un momento central de la construcción de la ciudadanía y de la defensa de la soberanía nacional. Un episodio ejemplar al que hoy se ha enterrado.