e dio a conocer ayer que, tan sólo en la zona centro del país, operan diariamente unos 300 autotanques que comercializan gas LP robado, lo que equivale a la comercialización ilegal de entre 600 mil y 750 mil litros de ese combustible por día. La información proporcionada por la Asociación Mexicana de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) apunta, además, a dos de los elementos que acompañan desde hace años la proliferación del robo de hidrocarburos en el país, y que son sistemáticamente soslayados por las autoridades: la participación de empresas privadas en la red de distribución ilegal de ese derivado petroquímico, y la responsabiidad, así sea por omisión, de funcionarios del sector energético en lo que se refiere al control de ese ilícito.

o fue fácil escribir este artículo. Lo hice con la impresión de estar dándole importancia a cosas que no la tienen; sin embargo, creo que hay que llamar la atención sobre ciertas ideologías y corrientes semisecretas que parten de una historia de odio y promueven un presente de odio. Y es que durante mi campaña contra los falsificadores de nuestra historia, encontré algo que va más allá: esa historia en que campean la hiel, la incapacidad absoluta de comprender y la certeza de hablar desde la verdad revelada. Entre estos historiadores del odio se cuenta el señor Enrique Sada Sandoval, quien entre otros sitios, escribe con frecuencia largas peroratas de tema histórico en El siglo de Torreón. Mostraré su método con base en su artículo del 1º de julio: Una intervención norteamericana en La Laguna...

a pretensión injustificable y regresiva del diputado priísta Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de Diputados, de volver a introducir de manera por demás contradictoria en el artículo primero de la Constitución la prevalencia de ésta frente a los tratados internacionales aprobados por México, en la solución de conflictos entre normas que protegen derechos humanos, ha vuelto a plantear en el país la urgente necesidad de que los funcionarios judiciales, representantes populares, operadores políticos y abogados comprendan a cabalidad el nuevo paradigma en garantías individuales aprobado por el constituyente permanente en junio de 2011, el cual implica necesariamente la aplicación del principio pro persona. Cuanto más que en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ello a pesar de los promocionales que pregonan su actuación de conformidad también con los instrumentos internacionales que protegen derechos humanos, existen voces que patrioteramente ostentan su ignorancia culpable, pregonando que en México no hay más principio pro persona que el que establece la Constitución.

artiendo del modelo del recientemente fallecido Albert O. Hirschman he señalado que el arreglo institucional que prevaleció hasta 1997 se sostenía en un presidencialismo exacerbado, un partido hegemónico y la primacía de las reglas informales sobre las formales. La voz estaba administrada por el peso del presidencialismo a través de diversos escalones jerárquicos, la salida tenía un precio muy alto dado que las alternativas políticas fuera del régimen tanto a la derecha como a la izquierda eran más bien simbólicas cuando no altamente peligrosas, y la lealtad, una lealtad por contubernio se constituía en el engranaje que limitaba la voz y bloqueaba la salida.