a Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) evaluó en diciembre de 2012 los textos –que no son públicos– sobre propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) y su conclusión fue inequívoca: en ellos se busca extender los tiempos de duración de las patentes de medicamentos. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) ya había revelado las intenciones de las grandes farmacéuticas de Estados Unidos.

¿Cómo? Sin establecer un estándar y dotada de un esquema elástico, la nueva protección dependerá del retraso en los procesos legales y sanitarios que pudieran impactar sobre el arribo del fármaco al mercado. Tal que la protección podría extenderse, según el caso, tres, cinco o más años.

Según Dagoberto Cortés, de Canifarma, la extensión se pretende garantizar frente a las siguientes dos situaciones: cuando la autoridad encargada de otorgar la protección de patentes (el Instituto Mexicano de Protección Intelectual, IMPI) pueda retrasar el proceso; y, otro, cuando la autoridad encargada de otorgar el permiso de comercialización (Cofepris) se dilate más allá de lo que establece la Ley General de Salud (artículos transitorios) para el registro sanitario. Ambos tiempos serían adicionados al periodo efectivo de la protección patentaria (El Financiero, 10.12.12).

¿Quiere decir que si el IMCO y la Cofepris hacen bien su trabajo no habría posibilidad de extender las patentes? Porque, ciertamente, sería del todo aventurado conjeturar que ambas autoridades fungieran en calidad de cómplices de la extensión patentaria siendo, además, que ambas ya asistieron a la 15 ronda de negociaciones del TPP celebrada en Auckland, Nueva Zelandia, del 3 al 12 de diciembre, donde México participó formalmente como miembro por primera vez.

Pero los textos también se refieren al aumento en el tiempo de exclusividad de los datos clínicos que amparan los estudios empleados para manifestar la eficacia y seguridad de los fármacos presentados ante las autoridades sanitarias. El TPP aspira a incorporar un periodo de tiempo adicional a los cinco años que estipula el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a fin de preservar el uso restringido de esa información.

Esta medida podría impactar sobre el arribo de los genéricos al mercado, toda vez que los fabricantes se sirven de esta información para avivar el proceso de investigación.

En la opinión de Olivia Patiño, titular de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de Genéricos Intercambiables (Amegi), una eventual extensión de las patentes impactaría la disponibilidad de medicamentos para los pacientes y afectaría a la industria fabricante de los genéricos. Y es que, en los próximos cinco años, 83 fármacos perderán la protección, 40 por ciento de ellos de alto impacto económico para los pacientes. Al extenderse la patente, los productores de genéricos no podrían introducirlos al mercado.

Según Patiño, los genéricos son entre 30 y 89 por ciento más baratos que los de marca, también llamados de referencia, lo cual permite al paciente tener disponibilidad económica para estudios clínicos. La empresa innovadora tendría más años para explotar el producto y la pérdida sería para los laboratorios genéricos y la industria en general (El Financiero, 10.12.12).

La Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) documenta que las ventas privadas de genéricos (por unidades) cerraron 2012 con un incremento de 25 por ciento y representan 54 por ciento del mercado mexicano. En total, el sector de genéricos y de patente creció 4 por ciento en unidades y 8 por ciento en valores. (Reforma, 24.12.12).

Por su parte, la Cofepris presume que, entre octubre de 2011 y octubre del año pasado, dispensó patentes de 25 sustancias activas para colesterol, disfunción eréctil, esquizofrenia, asma, trombosis, presión arterial, depresión y cáncer, entre otros. Ello se tradujo en la autorización de 181 nuevos genéricos, mientras que el ahorro acumulado –para los próximos cuatro años– ascenderá a 14 mil 665 millones de pesos. Estas patentes, sostiene, abarcan 71 por ciento de las enfermedades más recurrentes entre los mexicanos y en algunos casos la entrada del genérico presionó a la baja hasta en 82 por ciento el precio del tratamiento (esquizofrenia). Los pacientes no pagarán, en promedio, 600 pesos; el sector público ahorrará e incrementará su capacidad para atender enfermos, y para los fabricantes nacionales se eliminarán barreras de entrada al mercado farmacéutico.

Claro que Cofepris también aprobó 60 nuevos medicamentos de patente con un valor de mercado de 78.4 millones de pesos y un costo promedio de 100 mil pesos anuales (Reforma, 27.12.12).

Además de la propiedad intelectual, a la Concamin le preocupa el capítulo de las empresas de Estado. En él se prevé cumplir ciertas disciplinas para que las unidades paraestatales se comporten como firma privada y comercial, en igualdad de condiciones cuando se provee un servicio (El Financiero, 13.12.12).

Para el gobierno de Peña Nieto –mediante la Secretaría de Economía a cargo de Ildefonso Guajardo–, la participación de México en un acuerdo que, como el TPP pretende pactar 27 capítulos, es relevante en la medida que permite incidir en el diseño de un régimen de liberación de los flujos de comercio e inversión para la región Asia-Pacífico, diversificando nuestras oportunidades de exportación (El Financiero, 13.12.12).

Pero, ¿a costa de sacrificar a los pacientes que pagan de su bolsillo privado los medicamentos y también a las grandes instituciones de la seguridad social, IMSS e ISSSTE, que constituyen el principal comprador público?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco