artiendo del modelo del recientemente fallecido Albert O. Hirschman he señalado que el arreglo institucional que prevaleció hasta 1997 se sostenía en un presidencialismo exacerbado, un partido hegemónico y la primacía de las reglas informales sobre las formales. La voz
estaba administrada por el peso del presidencialismo a través de diversos escalones jerárquicos, la salida
tenía un precio muy alto dado que las alternativas políticas fuera del régimen tanto a la derecha como a la izquierda eran más bien simbólicas cuando no altamente peligrosas, y la lealtad
, una lealtad por contubernio se constituía en el engranaje que limitaba la voz
y bloqueaba la salida.
La disidencia individual era canalizada al servicio exterior, a la administración cultural o a los dos partidos de lealtad incondicional: el PPS y el PARM. Desde luego la represión selectiva cerraba el círculo de un arreglo cuyo objetivo era desarticular toda organización por fuera del régimen.
Después de 1997 se modificó una de las piezas centrales, el partido hegemónico. Se abrió la competencia electoral y se configuró un sistema tripartita de partidos. El costo de la salida bajó dramáticamente a partir de la escisión de la Corriente Democrática y la creación del PRD, y con la competencia electoral acicateada por las reformas de 1994 y 1996, se erosionó la lealtad.
El conjunto abigarrado de fuerzas sociales articulado en el antiguo régimen por el presidencialismo se desmadeja y en ausencia de otro tipo de arreglo institucional lo que ocurre es fragmentación y emergencia de poderes fácticos.
Se desemboca en un régimen especial donde la voz se convierte en cacofonía, la salida y la entrada se confunden y en todo casos son sumamente baratas para todos los actores y la lealtad se convierte masivamente en semi-lealtad cuando no deslealtad.
En estas condiciones un aspecto estratégico del debate político reciente se ha centrado en cómo resolver esa fragmentación política que permitió la consolidación y/o la emergencia de poderes paralelos al poder del Estado, los llamados poderes fácticos.
Para unos se trataba de recrear el presidencialismo del régimen anterior, puesto que en su diagnóstico la fuerza de los poderes fácticos provenía del debilitamiento del presidencialismo.
Para otros se trataba de avanzar a un nuevo régimen con inequívocas características parlamentarias, dado que en su diagnóstico la fragmentación del poder político era resultado del pluralismo político y social y en consecuencia se debía avanzar hacia ese nuevo régimen en el marco de una profunda reforma del Estado.
De este debate surgieron distintas propuestas de arreglos institucionales tanto en las reglas electorales como en los equilibrios de los poderes constituidos.
Las primeras semanas del gobierno de EPN han demostrado cuánto aprendió su equipo de campaña, porque de manera sutil aunque perceptible han perfeccionado su diagnóstico inicial. Constataron el peso inconveniente de los poderes fácticos, y la capacidad de convocatoria de movimientos y movilizaciones notablemente a través de las experiencias del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y el movimiento estudiantil #YoSoy132. El Pacto por México es una consecuencia de esas lecciones aprendidas. Resumo esas lecciones en una. El reto principal de la gobernabilidad hoy en día es cómo gobernar la pluralidad social y política del país.
El gobierno de EPN propone una respuesta. En términos hirschmanianos se buscaría disuadir la salida, fortalecer pero encuadrar la voz desde el sistema de partidos y generar una nueva forma de lealtad –lealtad por intercambio– hacia un sistema político en construcción. Teniendo como director de orquesta a un presidencialismo reforzado.
¿Y los partidos y los movimientos sociales que más incidieron en estas pasadas elecciones han aprendido –desde otro mirador obviamente– las lecciones que transportan?
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