e dio a conocer ayer que, tan sólo en la zona centro del país, operan diariamente unos 300 autotanques que comercializan gas LP robado, lo que equivale a la comercialización ilegal de entre 600 mil y 750 mil litros de ese combustible por día. La información proporcionada por la Asociación Mexicana de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) apunta, además, a dos de los elementos que acompañan desde hace años la proliferación del robo de hidrocarburos en el país, y que son sistemáticamente soslayados por las autoridades: la participación de empresas privadas en la red de distribución ilegal de ese derivado petroquímico, y la responsabiidad, así sea por omisión, de funcionarios del sector energético en lo que se refiere al control de ese ilícito.

El crecimiento exponencial del robo de combustibles es un indicador claro de la vulnerabilidad que enfrenta el sector energético del país en general, y Petróleos Mexicanos (Pemex) en particular. Tan sólo en lo que va de este año, la paraestatal ha detectado 10 tomas clandestinas en sus ductos, que se suman a las 752 identificadas en el curso del año pasado y a las más de mil que fueron ubicadas en 2011. A la evidente desprotección que prevalece en las instalaciones de la compañía –condición necesaria para semejante proliferación de puntos de ordeña– debe sumarse la precariedad causada por la depredación fiscal que ha venido realizando el gobierno federal desde hace años en contra de la empresa –que obstaculiza las labores de mantenimiento y reinversión–, así como la corrupción proverbial que prevalece en las cúpulas de la paraestatal y de su sindicato.

En tal circunstancia, resulta desconcertante la insistencia de los grupos de poder económico y fáctico del país en la supuesta necesidad de aprobar una reforma energética que, entre otras cosas, permita la apertura de Pemex a la inversión de particulares, y lo son aún más los argumentos de que dicha modificación constitucional permitiría generar la riqueza suficiente para poderla distribuir de mejor manera y cumplir con los 50 millones de mexicanos en la pobreza, como afirmó ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, en un encuentro con el titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Cabe preguntarse cómo se podrán corregir los rezagos históricos en materia de justicia social si el Estado compromete parte de las ganancias de su principal industria a los inversionistas privados, y si se adoptan medidas ofensivas para la economía popular, como la eliminación de los subsidios a los combustibles y a la electricidad, promovida por el propio CCE. Mucho más honesta, en todo caso, resulta la afirmación de que hay un apetito muy importante de inversionistas extranjeros y nacionales en invertir en el estratégico rubro del petróleo y sus derivados, formulada también por el dirigente del organismo cúpula del empresariado.

Es de suponer que un combate frontal a las redes de corrupción que mantienen presencia en Pemex y en otras entidades del sector energético; una política de persecución efectiva al robo de combustibles, y la adopción de sanciones ejemplares para funcionarios omisos o cómplices y para empresas privadas que se benefician de ese delito, serían acciones mucho más efectivas –y mucho más apegadas al marco constitucional– para asegurar que la industria petrolera disponga de los recursos que necesita para financiar su propio desarrollo. En la medida en que no se avance en esa dirección, y en tanto no se ponga un alto al saqueo fiscal que padece la paraestatal, el gobierno federal carece de justificación para emprender un nuevo intento por ampliar la participación de intereses privados en el sector energético.