l hartazgo y desesperación ante la violencia institucional y la del crimen organizado han llevado a miles de pobladores de las comunidades de Guerrero a organizarse para defenderse. Se trata de levantamientos genuinos que responden a un vacío institucional y a la prueba fehaciente de que la política de seguridad –iniciada por el gobierno anterior y continuada por el actual– es un fracaso total. El panorama es complejo, pues como advierte Valentín Hernández, asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero (CRAC-PC), los recientes levantamientos e instalación de retenes en las comunidades de los municipios Ayutla de los Libres y Tecoanapa son reales, pues la violencia se ha disparado en la región. El problema, indica, es que en un principio sus dirigentes los presentaron como parte de la CRAC y esto ha confundido a tanto a la gente de las comunidades como a la de fuera.

Hay un deslinde categórico de la CRAC firmado por sus 16 coordinadores regionales. No sólo no se trata de la Policía Comunitaria, organización autónoma con 17 años de experiencia en materia de seguridad y justicia de los pueblos, sino de acciones convocadas por el coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, quien, advierte Hernández, está promoviendo la división de las comunidades en un contexto en el que el gobierno del estado busca el control de las organizaciones de la región y la militarización, aún más, de la zona.

No estamos en contra de la gente que está participando en los retenes y la vigilancia. Sólo decimos que no es la Policía Comunitaria, que sus dirigentes no pueden hablar en nombre de ella y que se deben respetar los principios y estructura de la CRAC, que cuenta con sus formas organizativas y de incorporación muy definidas, señala el asesor jurídico. Tampoco estamos descalificando a toda la organización de la Upoeg, pero se tiene que parar la simulación, advierte.

Plácido Valerio es también consejero de la CRAC, aunque, señalan los coordinadores regionales, desde hace mucho tiempo no forma parte de la organización ni de la toma de decisiones. Actualmente, indica Valentín, mantiene acuerdos con el gobierno del estado encaminados a la instalación de más operativos militares en la zona de Ayutla y Tecoanapa, precisamente en la región en la que recientemente se incorporaron comunidades a la Policía Comunitaria, a través de los lineamientos definidos en su reglamento.

El gobernador, sabiendo quién es quién nombra a la Upoeg y a la CRAC como si fueran lo mismo. ¿Por y para qué?

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